Una visión elcologista de los repositorios nucleares.
El problema de los repositorios finales del combustible utilizado en las centrales nucleares de potencia está íntimamente ligado al “metabolismo” de estas. En la Argentina de hoy funcionan dos centrales nucleoeléctricas: Embalse y Atucha 1, cuya operación puede dar lugar a tres tipos de alteraciones del ambiente por efecto de la radiación -técnicamente, radioimpactos ambientales-. Tales impactos ambientales pueden clasificarse en rutinarios, accidentales y potenciales.
Los radioimpactos rutinarios son producidos por descargas supuestamente controladas de radioisótopos al agua y al aire. Cotidianamente, la central nuclear de Embalse vuelca tritio 3, gadolinio 153, gadolinio 159, cesio 134, cesio 137, zirconio 95, niobio 95, rutenio 103, iodo 131, iodo 133, cerio 141, cerio 144, plata 110, manganeso 54, hierro 59, zinc 65 y cobalto 60, entre otros, al lago artificial creado por el dique del río Tercero. Tales emisiones resultan de fallas ocurridas en el reactor Candu 6; las más frecuentes son “pinchaduras” en los intercambiadores de calor, que rompen el aislamiento de los tres circuitos de refrigeración. Esta misma central descarga además al aire, también rutinariamente, tritio 3, xenón 133, xenón 135, kriptón 85, kriptón 88, niobio 95, zirconio 95, cobalto 60, etc.
Los radioimpactos accidentales se deben, en cambio, a accidentes graves, como los ocurridos en Windscale (1957), Three Mile Island (1979) y Chernobyl 4 (1986).
Los radioimpactos potenciales se asocian con los residuos radiactivos de baja, media y alta actividad producidos por las centrales de potencia. Sólo son potenciales en tanto permanezcan aislados del ambiente y, de ellos, nos interesan los de alta actividad, esto es, aquellos en los cuales la temperatura se incrementa significativamente como consecuencia de la radiactividad. En la Argentina, al término de la vida útil de las centrales nucleares, habrá 134.000 barras de combustible agotado con este tipo de residuo: 125.000 en Embalse, en el 2004, y 9000 en Atucha 1, en el 2014. Cada barra agotada contiene centenares de isótopos radiactivos de distintas vidas medias. De allí que su horizonte absoluto de riesgo sea 100.000 años o, lo que es igual, 1000 siglos.
El plan nuclear argentino había previsto reprocesar las barras de combustible agotado en un laboratorio de procesos radioquímicos ubicado en Ezeiza, que no ha sido completado y difícilmente pueda comenzar a funcionar por la oposición de los vecinos. El plan contemplaba obtener plutonio 239 mediante el reprocesado -para fabricar combustible óxido mixto-, y luego vitrificar los residuos de alta actividad con el propósito de enterrarlos en un repositorio. Con esta finalidad, en la década del setenta y sin previo debate público, se iniciaron varias líneas simultáneas de investigación y desarrollo.
La idea de un repositorio para residuos de alta actividad se consolidó en 1977. En 1987, Elías Palacios y sus colaboradores indicaron, en un informe técnico de la CNEA, que el estudio de prefactibilidad estaría terminado el año siguiente, de acuerdo con una decisión tomada en 1978, cuando se planeó en la institución la construcción del repositorio. Como parte de un estudio conjunto de ese organismo y la Universidad Nacional de San Juan, identificaron en el país 198 afloramientos graníticos potencialmente aptos para el depósito; luego se preseleccionaron siete cuerpos en Chubut y Río Negro y, después, cuatro sitios posibles: La Esperanza y Chasicó, en Río Negro, y Calcatapul y la sierra del Medio en el Chubut. Según dicho informe, finalmente se eligió a Gastre, en el último de esos sitios, “por ser la [alternativa] más económica”.
Para 1987 ya se había preparado un anteproyecto de repositorio y guías para la vitrificación de los residuos del reprocesado. El planteo técnico de la CNEA consistía en crear un sistema de dos tipos de barreras sucesivas: una barrera de ingeniería, formada por el contenedor multicapa, y una barrera geológica, constituida por el repositorio cavado en la roca granítica. Los materiales radiactivos se incluirían en una matriz vítrea de borosilicato, colocada luego en un recipiente de acero inoxidable protegido, a su vez, por una pared de plomo de 10cm de espesor. Por último, una lámina metálica cubriría el conjunto. Cada contenedor pesaría 3500 kilogramos.
El anteproyecto contemplaba colocar los contenedores en galerías subterráneas a 500m de profundidad. Se habían previsto vías de acceso, equipos para transferir los contenedores, material de relleno y dispositivos para el descenso y ascenso del personal y de la carga. La capacidad del repositorio, en previsión de que se pudiesen también almacenar residuos traídos del extranjero, era de 3000 contenedores, colocados en nichos o perforaciones dispuestos a lo largo de galerías subterráneas. Tales perforaciones consistían en huecos de 1m de diámetro por 4,5m de profundidad y, una vez colocado el contenedor o canister, serían llenados con arena cuarcífera y bentonita, y luego sellados.
Durante la década de 1980, la CNEA asumió tácitamente que el repositorio sería construido en Gastre, pese a las críticas técnicas, cada vez más fuertes, y al enérgico rechazo de los habitantes del Chubut, que realizaron una manifestación en Trelew el 22 de octubre de 1986 y presentaron al presidente Alfonsín un petitorio contrario al proyecto con 10.168 firmas. El radioimpacto potencial del repositorio reside en: (l) el movimiento en las dos centrales de barras combustibles agotadas pero altamente radiactivas; (II) su transporte por ruta desde aquellas hasta Ezeiza; (III) su reprocesado en esta localidad; (IV) la vitrificación de los residuos de alta actividad, el armado de los contenedores y la producción de importantes volúmenes de residuos de baja y media actividad en Ezeiza; (V) el transporte de los contenedores por ruta desde Buenos Aires hasta el repositorio, y (VI) el riesgo inherente al propio repositorio.
Aunque el reprocesado se eliminara y se optase por enterrar en granito las barras de combustible agotado una vez realizada su vitrificación, el riesgo radioimpacto potencial no cambiaría. Habría un primer e importante conjunto de riesgos radiactivos durante la movilización de barras, porque -aunque hubiesen sido sometidas a espera- estas contendrían cientos de isótopos radiactivos de distinta vida media, muchos de ellos peligrosos por períodos que van desde fracciones de segundo hasta más de 100.000 arios. El transporte las podría transformar en pequeños Chernobyles móviles, que amenazarían la seguridad de las rutas y ciudades por las que se movieran.
Los riesgos continuarían en el área de reprocesado de Ezeiza. Habría allí crecientes volúmenes de residuos radiactivos de baja y media actividad, se extraerían cantidades significativas de plutonio 239, con una vida media de 24.000 años, y se prepararían los contenedores multicapa para aislar los residuos de alta actividad. El plutonio, por ser material estratégico, transformaría Ezeiza en objetivo de ataques terroristas y de presiones internacionales. Según estimaciones recientes, en el 2014 la Argentina poseería un stock bruto de quince toneladas de plutonio. El transporte de los contenedores con residuos de alta actividad trasladaría nuevamente el riesgo a las rutas y ciudades situadas entre Buenos Aires y el repositorio.
Aunque tales riesgos serian suficientes para considerar no viable el proyecto original de la CNEA, el universo de riesgos más importante se concentra en el propio repositorio. Independientemente del lugar seleccionado, cualquier operación de almacenaje de residuos radiactivos de alta actividad en granito es un procedimiento que depende del azar, sin base científica real. Ningún experimento ni observación demostró que los contenedores de 3,5 toneladas puedan resistir 1000 años. Tampoco se demostró experimentalmente que residuos almacenados a 500m de profundidad puedan permanecer aislados allí por 100.000 años. Los documentos oficiales que describen el proyecto son aproximaciones groseras que omiten cientos de variables, desde las estrictamente geológicas hasta las ambientales y las de índole social. Tanto la CNEA como los organismos creados más recientemente, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la empresa Nucleoeléctrica S.A., han avanzado sobre un tema que, en los países industrializados, no ha sido resuelto. Internacionalmente, el repositorio argentino permanente sería el primero en su tipo, pese a que el volumen local de residuos de alta actividad seria comparativamente pequeño -se habrían acumulado 3720 toneladas de combustible irradiado hacia el 2014- y pese a que existen procedimientos más económicos y de menor riesgo. Podría optarse, por ejemplo, por el almacenamiento y vigilancia en los mismos lugares de producción, esto es, en Embalse y Atucha.
Lamentablemente, cuando CNEA seleccionó la sierra del Medio no realizó una evaluación del impacto ambiental mediante un estudio que considerara variables múltiples. Los vacíos e incertidumbres que contenían y todavía contienen sus documentos técnicos resultan inexplicables. El consejo superior profesional de Geología de Buenos Aires indicó, por ejemplo, que la zona de sierra del Medio no es geológicamente estable y que existen evidencias de movimientos sísmicos y erupciones volcánicas en el cuaternario, por lo que -en su opinión- no puede asegurarse que habrá “estabilidad geológica durante el lapso requerido por el repositorio”, entre cien mil y un millón de años (“Consideraciones acerca del emplazamiento de un repositorio nuclear” Revista del Consejo Superior Profesional de Geología, 1:6-8, 1988).
En síntesis, el proyectado repositorio significaría un negocio para las posibles empresas constructoras (dado que su costo sería de entre 400 y 800 millones de dólares) y un alto radioimpacto potencial para numerosas generaciones de argentinos. Dado que la persistencia de los riesgos se extiende por 1000 siglos, y que ninguna disciplina ni profesión actual puede predecir acontecimientos tan distantes con márgenes razonables de exactitud, el proyecto carece de base científica válida. Tanto la creciente investigación sobre los efectos biológicos de bajas dosis de radiación, como la indispensable consulta pública para proyectos de esta naturaleza -crónicamente ignorada por la CNEA- llevan a concluir que iniciativas de este tipo no son viables y aconsejan considerar alternativas más sencillas y menos onerosas.
