En mayo de 2019, el presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, encabezó en la ciudad de Gaborone una reunión con sus pares de Namibia, Zambia y Zimbabue, dedicada a tratar el futuro de los elefantes en su hábitat natural. En el transcurso de la jornada, se discutirían los conflictos surgidos de la caza ilegal y, sobre todo, de las consecuencias para África de la inclusión de estos animales en el apéndice 1 de CITES, la convención sobre el comercio internacional de especies en peligro firmada por ochenta países en 1973. Hoy, luego de varias enmiendas, han adherido un total de ciento cuarenta.
Aquella inclusión prohibía el tráfico de marfil, causa principal de la caza de elefantes. El argumento de Masisi era que para ese entonces, en 2019, la población elefantina había crecido a punto tal que ya no estaba amenazada sino que, por el contrario, representaba un problema para los cultivos y para la subsistencia de los humanos. Masisi –como tantos otros gobernantes del continente– consideraba que los elefantes africanos debían trasladarse al apéndice 2, por lo que, en 2021, se reinstituyó, al menos en lo que respecta a Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, el permiso del comercio de marfil registrado y...
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