A mediados de septiembre último la prensa publicó la noticia de que el gobernador de Chubut había promulgado una ley aprobada por la Legislatura de esa provincia unas semanas antes, el 11 de agosto, por la que se autorizó el uso en el territorio provincial de un producto preparado con aceite de cannabis ‘como tratamiento alternativo para el síndrome de Dravet y de otras patologías que crea conveniente el Ministerio de Salud de la provincia’. El síndrome de Dravet, o epilepsia mioclónica grave de la infancia, es una rara y seria enfermedad infantil hoy incurable y sin muchos remedios paliativos. El 23 de noviembre, un proyecto de ley con propósito similar recibió sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. No existe evidencia científica que respalde la utilidad terapéutica del aceite de cannabis para tratar la mencionada dolencia, más allá del testimonio anecdótico de algunas familias de pacientes.
El producto autorizado en la provincia patagónica es vendido legalmente por una empresa norteamericana del estado de Colorado, donde la legislación le reconoce uso medicinal, mientras que las leyes federales estadounidenses lo clasifican y autorizan como suplemento dietético. El factor que puso en marcha la ley chubutense fue la desesperación de la familia de una pequeña enferma de Comodoro Rivadavia, lo mismo que aconteció en los Estados Unidos. Situaciones de este tipo plantean dilemas éticos difíciles, como es –ante la evidencia de que las drogas autorizadas no tienen efecto– permitir el uso de un remedio no probado que podría causar daño serio a los pacientes, o prohibirlo a pesar de que podría resultarles beneficioso (o, por lo menos, inocuo). Pero más allá de esa legalización particular para uso médico de una sustancia extraída de plantas del género Cannabis, de las que se obtiene la marihuana, la ley tuvo una importante repercusión porque reavivó la polémica acerca de la conveniencia de legalizar la producción, tenencia y comercialización de marihuana para uso recreativo.
Justamente, en las recientes elecciones nacionales de los Estados Unidos, aprovechando que las leyes del estado de California establecen mecanismos de democracia directa, los votantes de ese estado aprobaron con 56% de votos favorables la posesión y el uso de marihuana para propósitos recreativos por mayores de veintiún años (Proposición 64, que además incluyó medidas regulatorias y fiscales sobre el comercio de la sustancia). Pero dicho resultado también significa que el 44% de los ciudadanos que se manifestaron por las urnas se opuso a la medida.
Esta índole controvertida de la cuestión, encontrada en muchos otros lugares en los que se enfrentó o se está enfrentando la legalización de la marihuana, invita a reflexionar sobre la forma en que la comunidad académica puede contribuir a que se aborden decisiones colectivas polémicas de la mejor manera posible. Una de las razones que justifican el financiamiento público de la universidad y de la investigación científica es disponer de una fuente idónea de conocimiento y orientación, independiente de intereses comerciales u otros, en especial en asuntos complejos, con una base científica o tecnológica de difícil comprensión por el público, los políticos y los periodistas profesionalmente ajenos a la disciplina relevante.
Ese es tema del presente editorial: el cometido del conocimiento científico en el esclarecimiento de cuestiones socialmente controvertidas y, por extensión, el de los órganos de divulgación como Ciencia Hoy. En términos sencillos, ese cometido es presentar en forma comprensible el mejor conocimiento actual sobre el asunto en debate, algo que, en casos como los anteriores, fuertemente vinculados con decisiones individuales o colectivas que afectan la vida de las personas y las relaciones sociales, presenta facetas particularmente ríspidas.
Para cuestiones como el consumo de marihuana, su legalización y sus consecuencias –entre ellas las que trata el artículo ‘Marihuana y adolescencia’, que sale en este número de la revista–, buena parte del público no solo está interesado en saber cómo son las cosas sino, además (o sobre todo), reflexionar a partir de esa información acerca de qué hacer ante ellas, tanto en su vida privada y familiar como en su carácter de ciudadanos y votantes.
Ese interés forma parte de dichas facetas ríspidas porque la respuesta a la pregunta de cómo actuar cae fuera del marco de la ciencia (y, por ende, de la divulgación científica), dado que el solo conocimiento científico no puede proveerla, por más valioso –e incluso imprescindible– que sea para hallarla. El conocimiento es el necesario punto de partida a partir del cual entran en juego los criterios éticos y las preferencias políticas de cada uno.
Así, decidir sobre legalizar el consumo recreativo de marihuana implica poner en juego los valores y las preferencias de diversos actores: el individuo, la familia, la escuela, instituciones sociales de diversos niveles, partidos políticos, los poderes públicos. Y hay grupos con mayores responsabilidades en el rumbo que adopten las decisiones, por su capacidad de influir en otros o decidir por ellos, como los padres, los médicos, los políticos, las Iglesias, los formadores de opinión. Pero las decisiones, en última instancia, en una sociedad libre y democrática, corresponden a cada uno y se toman por el juego de instituciones fundadas en que los votos valen lo mismo para todos.
Por esta razón, esclarecido el análisis de los fundamentos y las consecuencias de conductas individuales o de políticas públicas, se entra en territorio que ya no pertenece más a la ciencia y que Ciencia Hoy, como firme regla general, ha decidido evitar. Esto lleva a que los editores se inclinen por excluir de nuestras páginas afirmaciones que tomen partido a favor o en contra de conductas o políticas, independientemente de que estén de acuerdo con ellas, lo mismo que estilos de redacción y lenguajes que, sin hacerlas explícitas, las sugieran. Para Ciencia Hoy, el proselitismo es perfectamente legítimo pero no es divulgación científica.
Varios factores adicionales complican el panorama de la marihuana. Uno es que existen importantes intereses económicos, legales e ilegales, en torno a ella, los primeros debido a que que las fibras de Cannabis son también el origen del cáñamo, con el que se producen desde antiguo estopa, telas, cordones, sogas, redes y hasta, en casos, materiales de construcción y papel. Los ilegales, porque la producción, la venta y el consumo, aun prohibidos, existen y mueven mucho dinero. Otro factor a tomar en cuenta es que, con la evidencia que se posee, las consecuencias y los riesgos del consumo recreativo de la marihuana parecen bastante cercanos a los del tabaco, si bien no se tiene certeza por falta de suficiente investigación. Esto lleva a pensar que, por razones de coherencia y de justicia, deberían tratarse igual, lo que pone sobre la mesa el cúmulo de cuestiones y experiencias de muchas décadas de forcejeo político en torno al tabaco.
Un tercer factor es que el Cannabis no es la única planta que suscita controversias como las mencionadas. Hay, sin ir más lejos, otras dos en parecida situación, pero con ribetes mucho más graves, entre otras razones, por haber dado lugar a una inmensa actividad económica ilegal. Obviamente, nos referimos a la coca (género Erythroxylum), de la que provienen la cocaína y sus derivados, y la amapola (Papaver somniferum) de la que se obtienen el opio y la heroína. Los tres casos distan mucho de ser idénticos y necesitan ser analizados y tratados por separado, pero lo que se concluya y resuelva para uno pone restricciones a la libertad de que se dispone para tratar los otros dos.
En la discusión, activa en estos momentos en un número importante de países, sobre la despenalización del consumo y la legalización del suministro de drogas de uso recreativo, igual que cuando se considera realizar cambios sociales profundos, las opiniones están marcadamente divididas y se esgrimen argumentos de peso tanto a favor como en contra. Por una parte, se señala la pérdida de las libertades individuales, el fracaso de las políticas represivas y el costo en dinero y vidas atribuibles al narcotráfico y a su represión, así como la obstaculización de la agricultura y de la industria del cáñamo, y el entorpecimiento de la investigación agronómica y médica. Por otra, el incremento del consumo y de sus consecuencias que acompañarían la legalización de la cadena productiva y la despenalización del consumo. Muchas veces, en discusiones que se vuelven doctrinarias, se olvida que se han hecho ya en el mundo múltiples experiencias parciales y tentativas, por lo que existe algún cuerpo de evidencia sobre resultados, que es tema legítimo de análisis académico y de divulgación.
También es tema legítimo el estudio y la divulgación de las experiencias acumuladas en materia de tratamiento de quienes hayan caído en dependencia o adicción a la marihuana u otras drogas. Posiblemente exista consenso amplio en que deben recibir algún tipo de apoyo o tratamiento. De la variedad de estos, la práctica internacional muestra que los mejores por sus resultados combinan terapias motivacionales, comportamentales-cognitivas y de manejo de contingencias, preferentemente en el marco de grupos de apoyo. Además, existe evidencia a favor del empleo simultáneo de fármacos, si bien no se dispone de medicamentos específicos para tratar la adicción a la marihuana.
Por otro lado, en la Argentina, como en muchos otros países, los jóvenes encuentran barreras que a menudo les dificultan acceder al tratamiento, entre ellas la ignorancia de las opciones disponibles, la ausencia de programas orientados a adolescentes y el estigma social que acompaña a esas terapias. Nuevos enfoques respetuosos de la confidencialidad y de la autonomía del adolescente presentan mejor potencial de éxito, y el tratamiento autoguiado por internet se muestra prometedor, si bien no se tiene mucha experiencia en aplicarlo.
En líneas generales, los grupos políticos más conservadores se inclinan por mantener e incluso endurecer las políticas represivas y los más progresistas por avanzar hacia la liberalización, pero hay grandes excepciones a esta regla. También en líneas generales, la opinión de las entidades médicas es adversa a la indulgencia, sin perjuicio de las disidencias que se advierten en las posiciones de sus integrantes. Las políticas en esta materia, por otra parte, están relacionadas con las que se aplican en áreas igualmente controvertidas, como la del derecho penal, en el cual se registran similares discusiones entre el endurecimiento y la liberalización de las penas.
Doctor en ciencias naturales.
Investigador principal del Conicet en el INIBIOLP.
Profesor titular, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.
