Los acontecimientos políticos mundiales de las últimas dos décadas pusieron en crisis el concepto mismo de nación y dos nociones asociadas con él: nacionalismo y autodeterminación de los pueblos.
Una nación es un conjunto de personas que se inventa un pasado común y odia a sus vecinos.’ Esta ocurrencia, atribuida al clérigo inglés William Ralph Inge (1860-1954), sería graciosa si el nacionalismo no hubiese constituido la principal causa de guerras en los últimos dos siglos. Ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado, el nacionalismo alimenta dos fuerzas opuestas: de cohesión hacia adentro del grupo y de diferenciación hacia afuera. Hoy en día, el Brexit y el separatismo catalán son casos representativos –aunque por ahora pacíficos– de las fuerzas centrífugas que despierta este fenómeno. Su recurrencia alerta sobre las dinámicas de fragmentación que, cada vez menos subterráneas, vuelven a amenazar la paz mundial.
En 1945, cincuenta y un países fundaron la Organización de las Naciones Unidas: entre ellos había veinte latinoamericanos y cuatro africanos. Hoy integran la ONU 193 Estados independientes, de los cuales 20 son latinoamericanos y 54 africanos. ¿Qué pasó? En poco más de ochenta años, el número de Estados miembros casi se cuadruplicó por dos razones: la descolonización y la fragmentación de Estados preexistentes. Durante el siglo XX, la estabilidad de las fronteras latinoamericanas fue muy alta; en África, en cambio, pero también en Asia y Europa, hay millones de adultos que viven en un país cuyo nombre y límites son diferentes de cuando nacieron. Así, la retirada de los imperios europeos de África dio lugar a cincuenta nuevos países, mientras la implosión de la Unión Soviética generó quince repúblicas independientes a ambos lados de los montes Urales, que separan Asia de Europa. La multiplicación de Estados, sin embargo, no los ha tornado más homogéneos ni disipado los conflictos.
En estos momentos, España está integrada por diecisiete comunidades autónomas cuyas competencias varían. Dos tienen autonomía fiscal (Navarra y el País Vasco), cuatro poseen policía propia (Canarias, Cataluña, Navarra y el País Vasco) y un puñado posee una segunda lengua oficial, junto con el castellano (Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia y el País Vasco). Como señalaba el politólogo estadounidense Alfred Stepan (1936-2017), el federalismo existe más allá del modelo estadounidense. El federalismo español, tácito, plurinacional y asimétrico, tiene parecidos de familia con la devolution británica, una transferencia de competencias de gobierno y legislación a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También Italia, que concede a cinco de sus veinte regiones un estatuto de autonomía especial por sus particularidades históricas y lingüísticas, promovió en las últimas décadas el traspaso de atribuciones a las unidades subnacionales, y se alejó del modelo de gobierno unitario. Un patrón similar se repite en la mayoría de los países europeos, incluyendo los llamativos casos de las islas Feroe (un archipiélago danés en medio del Atlántico, a mitad de camino entre Noruega e Islandia, que no ingresó en la Unión Europea cuando lo hizo Dinamarca en 1973, y tiene selección de fútbol propia) y Groenlandia (que, sin independizarse de Dinamarca, dejó la Unión Europea en 1985). La soberanía absoluta, a todo o nada, es un concepto con cierta tradición doctrinaria pero escaso arraigo empírico.
En el siglo XVI, Jean Bodin (1530-1596), conocido en castellano como Juan Bodino, acuñó el concepto moderno de soberanía para describir al soberano o monarca como un gobernante no sujeto a las leyes humanas sino a la ley divina. Bodino consideró la soberanía como absoluta e indivisible pero limitada, ya que se ejercía en la esfera pública pero no en la privada, y sostuvo que se encarna en el gobernante, pero no muere con él: se perpetúa en el Estado que lo sobrevive. La interpretación del concepto se alteró a partir de 1648, cuando un conjunto de potencias europeas puso fin a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) mediante el tratado de Westfalia. Este impuso el principio cuius regio, eius religio, cuyo sentido es que en cada territorio la religión del rey sería también la de sus súbditos, les gustase o no les gustase a ellos o a sus vecinos.
Los derivados de este principio son tres: la soberanía de los Estados y su derecho a la autodeterminación, la igualdad legal entre los Estados y la no intervención de cada Estado en los asuntos internos de otro. El sistema político internacional contemporáneo deriva de aquel tratado y por eso se lo suele calificar de westfaliano.
En 1999 Stephen Krasner, académico de la Universidad de Stanford, identificó cuatro dimensiones de la soberanía estatal: la soberanía doméstica o autoridad del Estado en el interior de sus fronteras, con relación a su propia sociedad; la soberanía interdependiente o habilidad de las autoridades estatales de controlar los flujos transfronterizos de bienes, servicios, capitales y personas; la soberanía legal o reconocimiento jurídico de un Estado bajo el derecho internacional, y la soberanía westfaliana o exclusión de actores externos en la operación del sistema político doméstico. Esta formulación permite especificar con mayor precisión lo que los Estados pueden y no pueden hacer. Así, los más débiles suelen aparecer muy abajo en todos los rankings excepto en soberanía legal, mientras los más sólidos se posicionan mejor en varias dimensiones, pero exhiben niveles altos de interdependencia, lo que disminuye su soberanía en ese aspecto.
¿De qué depende el tamaño de los Estados? En una obra citada entre las lecturas sugeridas, los economistas italianos activos en los Estados Unidos Alberto Alesina, profesor de la Universidad de Harvard, y Enrico Spolaore, de la Universidad Tufts, postulan una tensión entre dos factores: la escala y la heterogeneidad. La mayor escala conviene por razones económicas y de seguridad: cuanto más grande el Estado, más eficiente su mercado y más poderosa su defensa. Pero con el tamaño aumentan también las diferencias internas. Eso hace difícil tomar decisiones y puede deslegitimar, por presunta o real parcialidad, las normas colectivas. En consecuencia, el tamaño de los Estados resulta del equilibrio entre los beneficios de la escala y los costos de la heterogeneidad. Si una comunidad política es demasiado grande, las diferencias internas acaban quebrándola, como aconteció con la Unión Soviética, el virreinato del Río de la Plata y tantos imperios. Si es demasiado pequeña, serán fuerzas externas las que la destruyan o absorban, como ocurrió con las ciudades-estado griegas, los principados y las repúblicas italianas y Cataluña.
En Europa, la reconstrucción de la posguerra produjo una respuesta original a esta tensión con una fórmula simple: potenciar la escala por arriba y contener la heterogeneidad por abajo. Hacia arriba, agrandar: el mercado se integró en la Unión Europea y la defensa se puso en manos de la OTAN. Hacia abajo, achicar: las identidades particulares buscaron refugio en las regiones subnacionales, que les garantizaron privilegios simbólicos y materiales. Actualmente, la austeridad por arriba y el separatismo por abajo pusieron en crisis esta disposición.
La integración europea le dio el tiro de gracia a la concepción tradicional de la soberanía estatal. Hoy España, por ejemplo, no puede emitir moneda, firmar tratados comerciales ni imponer controles fronterizos. Alemania y Francia tampoco. Esas competencias fueron voluntariamente transferidas a la Unión Europea. Es así como, paradójicamente, para seguir siendo independientes los Estados europeos debieron en alguna medida dejar de serlo.
¿Qué sentido tiene crear más Estados si no pueden controlar su propia moneda, sus fronteras ni sus relaciones exteriores? Como afirma el politólogo catalán Josep Colomer, profesor de la Universidad de Georgetown, ‘si los países ya no tienen soberanía, es absurdo pedir un nuevo ente similar’. Además, aun con menos soberanía, los países no ven con buenos ojos que nazcan nuevos: la Unión Europea –al fin y al cabo, un club de Estados– rechaza el separatismo unilateral.
El separatismo catalán, como cualquier nacionalismo, es identitario antes que ideológico: lo promueven tanto la rancia aristocracia como las organizaciones anarquistas. Lo mismo ocurre con la unidad española, sostenida por antiguos franquistas y por comunistas. Una resolución democrática del conflicto aparece inviable porque, para unos, deben decidir solo los catalanes, y, para otros, todos los españoles. ¿Quiénes votarían para decidir quién tiene derecho a votar? La definición de quiénes integran el pueblo, quiénes forman el demos, es siempre predemocrática, y siempre habrá quienes la consideren impuesta y no elegida.
Ante estas situaciones suele abogarse por el principio de la autodeterminación nacional, esbozado por primera vez a mediados del siglo XIX y ya en la agenda internacional al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Tanto Lenin como Woodrow Wilson, el presidente estadounidense, lo defendieron para rediseñar el mapa de Europa y, por extensión, del mundo. El concepto era que los pueblos no debían ser gobernados por nadie sin su consentimiento. Pero, de nuevo: ¿cómo se determina quién compone el pueblo que se autodetermina?
El politólogo estadounidense Joseph Nye, profesor de la Universidad de Harvard, que fue funcionario del gobierno del presidente Bill Clinton, argumenta que el principio de autodeterminación resulta éticamente ambiguo. Wilson creía que traería estabilidad a la Europa central, pero Hitler lo usó en la década de 1930 para debilitar a los nuevos Estados de la región. Cuando la autonomía no es suficiente, existe la posibilidad de un divorcio amigable, como el que escindió a Checoslovaquia en dos Estados soberanos. Pero los reclamos de autodeterminación absoluta son más proclives a originar violencia. Antes de invocar la autodeterminación como principio ético, sugiere Nye, conviene aplicar una versión diplomática del juramento hipocrático primum non nocere (ante todo, no dañar).
Aunque en el caso checoslovaco salió bien, los referendos conllevan mucho peligro. Al producir ganadores y perdedores absolutos y decidir por todo o nada, pueden profundizar un conflicto antes que resolverlo. Si los derrotados consideran que el resultado afecta sus derechos, o que han sido vencidos por una mayoría desinformada o circunstancial, el problema no se soluciona. Con suerte se posterga; sin ella, se agrava. Hacen falta procedimientos en que los resultados no sean de suma cero, como en el referéndum, sino de suma positiva: que todos puedan ganar algo con la condición de que cedan algo. Si votar lastima, solo queda negociar.
En 1640, catalanes y portugueses se rebelaron contra el reino de Castilla: los primeros con el apoyo de Francia, los segundos con el de Inglaterra. Madrid, más preocupada por la amenaza francesa, concentró sus recursos en recuperar su región oriental. Hasta hoy, en la rica Cataluña se envidia el destino del modesto pero independiente Portugal. Por eso, sus ansias de independencia atrasan cuatrocientos años.
Pero atrasado no significa imposible. El Brexit, la salida en curso de Gran Bretaña de la Unión Europea, es otra manifestación de las fuerzas centrífugas que desgarran al Viejo Mundo. En su magistral Historia del siglo XX, refiriéndose a casos como el de Cataluña y el del norte de Italia, el historiador británico Eric Hobsbawm (1917-2012) habló de un ‘egoísmo colectivo’, concepto que también puede aplicarse al Brexit: regiones ricas en las que los contribuyentes buscan separarse de las menos prósperas, a las que consideran una carga. Si estas dinámicas centrífugas no se revierten, las crisis no solo estarán reflejando el pasado sino adelantando el futuro del continente. Y con él, el colapso de un proyecto que había prometido la superación del nacionalismo y el fin de las guerras.
Las islas Åland
Las Åland forman un archipiélago de unos 1600km2 en el mar Báltico, en la entrada del golfo de Botnia, contiguo a Finlandia y separado por más de 30km de mar abierto de Suecia. Durante el siglo XIX y en la primera mitad del XX fueron disputadas por Rusia, Suecia y Alemania. Actualmente tienen unos treinta mil habitantes, más del 90% de los cuales reconoce al sueco como lengua materna. Políticamente, desde la década de 1920 son una región autónoma y desmilitarizada de Finlandia, con el sueco como único idioma oficial. Constituyen una de las diecinueve regiones políticas y administrativas de ese país, y tienen un estatuto que les asegura un grado de autonomía mucho mayor que las restantes. Ingresaron en la Unión Europea junto con Finlandia, pero por un referéndum celebrado en fecha distinta.
Federación Unida de Planetas
¿Podrá servir el federalismo como herramienta para la cooperación y la paz? Es el supuesto que subyace al universo de series y películas Star Trek –‘Viaje a las estrellas’ para los hispanohablantes–, que presenta a una Federación Unida de Planetas como una de las grandes potencias de la galaxia. La federación fue creada en el año 2161 a iniciativa de los miembros fundadores, los planetas Tierra, Telar, Vulcano y Andoria, para terminar con un prolongado conflicto entre los dos últimos. Posee una Carta –informalmente conocida como Constitución–, una presidencia con oficina en París (ciudad terrestre), un consejo legislativo integrado por delegados de todos los planetas federados, también con sede en la Tierra, en San Francisco, y una Corte Suprema de Justicia. Además, tiene una agencia con funciones científicas, diplomáticas y de defensa denominada Flota Estelar.
En el marco de los principios generales de la federación, las poblaciones de los 150 planetas y más de mil colonias que la integraban hacia 2373 mantenían su propia organización política, tradiciones, culturas, ritos y creencias. Existía, por lo tanto, una extendida tolerancia entre los habitantes de las unidades federadas y eran comunes las bodas mixtas.
La federación planetaria resultó un excelente ejemplo de cómo, bajo los valores de libertad e igualdad, fue posible compartir el conocimiento y los recursos, y establecer una cooperación pacífica en materia de defensa y de exploración del espacio. Pero pertenece al mundo de la ficción. En el mundo real, existieron federaciones y confederaciones en diversos momentos y lugares, algunas con corta vida y otras que subsisten en el presente, como la Confederación Helvética (nombre oficial de Suiza), los Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y la Argentina.
Conflictos de los Balcanes en el cine
Entre 1991 y 2001, la antigua Yugoslavia, integrada entonces por las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia, resultó escenario de una sucesión de sangrientos conflictos. Ellos fueron desencadenados principalmente por diferencias étnico-culturales y religiosas de larga historia, más factores políticos y económicos. Un puñado de películas filmadas con diferentes miradas por directores de distintas procedencias resulta provechoso para reflexionar sobre antecedentes, acontecimientos y consecuencias de esta tragedia balcánica: Tito i ja (‘Tito y yo’), del serbio Goran Marković, 1992; Pred do‑dot (‘Antes de la lluvia’), del macedonio Milcho Manchevski, 1994; Podzemlje (‘Underground’), del serbio Emir Kusturica, 1995; Lepa sela lepo gore (‘Bonito pueblo, bonita llama’) del serbio Srđan Dragojević, 1996; Harrison’s Flowers (‘Las flores de Harrison’) del francés Élie Chouraqui, 2000; Grbavica (‘El secreto de Esma’) de la bosnia Jasmila banić, 2006; Ničija zemlja (‘Tierra de nadie’) del bosnio Danis Tanović, 2001, y Zvizdan (‘Bajo el sol’), del croata Dalibor Matanić, 2015.
Licenciado en ciencia política, UBA. Doctor en ciencias sociales y políticas, Instituto Universitario Europeo, Florencia. Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa
