La investigación social ante una relación siempre vidriosa
Una de las particularidades de la investigación en ciencias sociales es que los fenómenos a estudiar suelen estar imbricados con las imágenes y las ideas que la sociedad se hace de ellos. La vida social elabora permanentemente preguntas, explicaciones y juicios sobre sus hechos, protagonistas y problemas. Esas preguntas y sus respuestas forman parte ineludible del objeto de investigación.
Como antropóloga interesada en comprender los modos contemporáneos de participación política de las clases populares argentinas, parte de mi universo de interrogación está dado por las controversias sociales de las que suelen ser objeto las prácticas políticas de quienes habitan las grandes periferias urbanas, como el Gran Buenos Aires. En las últimas dos décadas, ese territorio se constituyó en ícono de la política bajo sospecha: la del clientelismo, la compra de votos y el uso electoral de la pobreza.
En las arenas públicas, estas últimas expresiones suelen emplearse para denunciar modos de acción política basados en estímulos materiales, una concepción de la política popular que denominaremos economicista, y que se contrapone a otra, que llamaremos moralista, consistente en la acción política fundada en el compromiso y la convicción ideológica. La oposición entre el economicismo y el moralismo encuadra las respuestas a la pregunta sobre por qué la gente actúa políticamente como lo hace; en torno a esa pregunta se organiza el debate social acerca de las formas legítimas e ilegítimas de participación popular tanto en lo que se refiere a la representación –por qué esa gente vota lo que vota– como a la movilización –por qué la gente toma parte de actos, marchas, ocupación de predios o piquetes–.
Las razones economicistas –van para conseguir un plan– y moralistas –van por su compromiso con una causa– son los términos polares de una respuesta social y políticamente disputada. En momentos de efervescencia política, como los vividos en la Argentina los últimos años, la competencia entre estas concepciones se exacerba: los análisis mediáticos de las numerosas marchas y contramarchas que se realizan en el espacio público procuran explicar no solo la magnitud de las movilizaciones sino, también, evaluar en cada caso –a modo de justificación o de denuncia– quiénes y cómo participan en ellas.
La lógica dicotómica que asumen esas controversias perturba el análisis científico porque no permite dar cuenta de la naturaleza sustancialmente impura o híbrida de los hechos sociales. Moralismo y economicismo escinden dimensiones de acción y motivación que en los hechos coexisten en forma simultánea. Para la mirada sociológica o antropológica, la identificación de un interés individual en una acción política no la convierte en algo puramente interesado. Un interés no anula ni contamina la existencia simultánea de móviles desinteresados. Además, es difícil establecer una jerarquía entre ambos órdenes de motivación y solo es posible determinar empíricamente su peso relativo en casos concretos.
Tal determinación encuadra centralmente en el tipo de conocimiento que produce la antropología, entre cuyos métodos se cuenta el etnográfico, que consiste en la inmersión del investigador en el discurrir cotidiano de los procesos sociales estudiados y sus relaciones.Así, mediante la observación participante se puede ir más allá de lo que las personas dicen sobre su actividad política y apreciar los cursos concretos de acción e interacción que constituyen su forma de vivir y practicar la política. He aquí la materia prima de nuestro trabajo.
Del clientelismo a la negociación
La crítica economicista supone que la actividad política de las clases subalternas descansa en un tipo particular de transacción: el intercambio de adhesión política por lo que el sociohistoriador Michel Offerlé, profesor de la École normale supérieure de París, llama bienes particularistas divisibles, los cuales en el contexto argentino abarcan desde empleos públicos y programas de distribución de renta hasta objetos esgrimidos por versiones caricaturescas del economicismo, como colchones o choripanes. En el debate público, es común atribuir esos intercambios a falta de cultura política. Este retrato, ampliamente arraigado en el sentido común lego y académico, deja fuera un hecho social fundamental: las formas de hacer política están bajo permanente interrogación y monitoreo no solo por actores externos sino por sus propios protagonistas.
El trabajo de campo en barrios periféricos del sur del Gran Buenos Aires muchas veces me colocó ante situaciones en las que mis interlocutores –vecinos, referentes o punteros partidarios, dirigentes y militantes de organizaciones piqueteras o barriales, empleados y funcionarios gubernamentales de distintos niveles– confrontaban opiniones, juicios, aprobaciones y reprobaciones de acciones políticas propias y ajenas. Fui descubriendo que estas interacciones, las más de las veces con la apariencia de conflictos interpersonales, constituían controversias por las que disputaban y definían cotidianamente formas apropiadas e inapropiadas de hacer política y, en definitiva, las posibilidades de la política en cuanto tal.
Observar las interacciones cotidianas entre vecinos y referentes del peronismo bonaerense equivale a seguir de cerca cómo unos y otros negocian sus compromisos recíprocos a partir de lo que cada parte considera justo. En función de esos cálculos morales –si tal o cual referente realmente se mueve por la gente y los problemas del barrio, o si solo lo hace por quienes lo apoyan políticamente–, las personas definen y redefinen sus adhesiones políticas: a quién acompañan y a qué, de qué participan y cómo.
Análogamente, la vida cotidiana de organizaciones del tipo de las piqueteras está signada por evaluaciones sobre cómo garantizar criterios y principios de derecho adecuados para la gestión y administración de recursos socialmente significativos, como los destinados a programas sociales, comedores comunitarios, puestos de trabajo en cooperativas o actividades productivas. Los vecinos participan de los procesos colectivos de juicio, ajuste y reformulación de esos criterios; en el curso de sus relaciones y prácticas políticas las personas producen y transforman acuerdos y desacuerdos que nunca están definidos de antemano.
Así, esta experiencia me mostró que la cultura clientelar, el concepto que para muchos –los poderosos, los medios de comunicación– explica la actividad política de los sectores populares, es para estos una preocupación cotidiana y una acusación esgrimida en su permanente negociación y regulación práctica de los modos aceptables y los inaceptables de hacer política.
Más allá del clientelismo
Al enfatizar el peso de las prácticas clientelísticas, se incurre en una reducción análoga a la de sustituir el movimiento de una película por la estática de una foto. Observando la trastienda de elecciones, actos partidarios o acciones de protesta advertimos, por un lado, la naturaleza duradera e interpersonal de los vínculos que los ciudadanos establecen con actores políticos intermedios, como punteros, dirigentes y organizaciones sociales del barrio. Por otro lado, resulta claro que el trabajo cotidiano de estos actores es necesario para que las demandas individuales y colectivas lleguen a los poderes públicos.
Esa labor, sin embargo, no se reduce a bienes particularistas divisibles: atañe igualmente a bienes públicos indivisibles, como infraestructura y servicios públicos barriales, lo mismo que a bienes intangibles que los activistas barriales procuran conseguir en un contexto que el sociólogo Javier Auyero, profesor de la Universidad de Texas en Austin, llamó la resolución de problemas de la vida cotidiana en condiciones de desigualdad estructural: conseguir una ambulancia ante una emergencia, asistir a un vecino en los trámites necesarios para someterse a una cirugía de alta complejidad, orientar a una vecina ante una situación de violencia familiar.
Buena parte del trabajo político de las organizaciones y los actores intermedios consiste en solucionar cuestiones que no avanzan por las vías burocráticas, en trámites realizados ante dependencias estatales o sus sitios de internet. La noción de referente, hoy generalizada en el léxico político para referir a los otrora llamados peyorativamente punteros, permite dar cuenta de esta lógica: en los barrios el referente suele ser alguien en quien los vecinos pueden apoyarse, no solo o no necesariamente en términos políticos o partidarios sino, también, en materia de sus relaciones concretas con el Estado. El referente conoce funcionarios y oficinas de gobierno, puede hacer averiguaciones y consultas, puede seguir el caso de cada uno. De este modo, el Estado se hace presente en la vida del vecino por interpósita persona.
Cómo funcionan las democracias
Lo dicho hasta acá permite arrojar luz sobre el doble carácter –representación y movilización– de las expresiones políticas populares. Las democracias en funcionamiento efectivo no se reducen a elecciones e instituciones representativas. Como lo señala el politólogo indio Partha Chatterjee, profesor de la Universidad de Columbia, existen muchos derechos ciudadanos que requieren de acciones no institucionales para ser ejercidos, pues las instituciones establecidas no los acogen, aunque puedan reconocerlos. En lenguaje del politólogo nombrado, es el campo en que actúa la sociedad política, el conjunto de prácticas mediante las cuales las poblaciones reivindican derechos y notifican a sus gobernantes cómo necesitan o prefieren ser gobernadas. Hacen lo anterior desbordando o incluso infringiendo canales legalmente establecidos, como sucede con la ocupación de espacio público o de propiedades privadas.
Cuando la acción cívica no resulta adecuada para hacerse oír, cada sector social se vale de las modalidades de acción a su alcance. Los sectores dominantes suelen apelar a acciones sigilosas como el cabildeo o lobby; quienes se encuentran cerca de la base de la pirámide social lo hacen importunando físicamente a otros en el espacio público y causando molestias que induzcan al Estado a tomar cartas en el asunto. En la historia argentina reciente, por ejemplo, el piquete o corte de ruta fue uno de los modos de acción política de las organizaciones que ocuparon el vacío dejado desde la década de 1990 por el retroceso del movimiento sindical. Esas organizaciones pasaron a representar a un nuevo sujeto social y político: el desocupado. Con el tiempo, este pasó a integrar la más amplia categoría del sector de la economía social o popular, que actualmente representa cerca del 40% de la clase trabajadora.
El piquete puede describirse como una acción de protesta. Pero cuando lo estudiamos en su funcionamiento concreto –cómo se inicia, cuándo, por quiénes, ante quiénes, cómo se disuelve–, advertimos que esa expresión deja demasiado afuera. La antropóloga Virginia Manzano ha mostrado que, a lo largo de las últimas tres décadas, el piquete se ha instituido en la Argentina como la forma socialmente reconocida, incluso aceptada por los gobiernos, de que ciertos sectores relegados hagan conocer sus demandas.
En mi investigación en el Gran Buenos Aires he podido advertir la contigüidad y equivalencia de piquetes y movilizaciones con otras prácticas menos visibles y espectaculares de demanda e interlocución, a las que también apelan las organizaciones de desocupados: llamados telefónicos, pedido de audiencias, entrega de petitorios en oficinas estatales. Estas acciones, sin embargo, no suelen bastar, porque los funcionarios tienden a acumular notas, prorrogar y evitar reuniones y demorar respuestas, hasta que la movilización irrumpe como un letrero que les indica el arribo del momento de sentarse a conversar. La movilización, a diferencia de los otros recursos nombrados, no puede ser ignorada. La investigación etnográfica sugiere que las acciones de protesta, más que situarse al margen de las lógicas institucionales, son parte de su operación práctica.
Las personas hacen política, la política hace las personas
Las explicaciones moralistas y economicistas relegan a una categoría residual la dimensión intersubjetiva o, en palabras del socioantropólogo francés Marcel Mauss (1872-1950), el carácter de hecho social total que reviste la actividad política. Solo tras acompañar a mis interlocutores barriales en el funcionamiento diario de sus organizaciones piqueteras pude apreciar el significado que esos espacios revestían para sus protagonistas. Entre otras cosas, estar ahí era una forma de estar ocupados, de tener posibilidades de existencia social en un mundo sacudido por el desempleo estructural.
Los trastornos socioculturales producidos por la crisis de las sociedades industriales, observa el sociólogo estadounidense Philippe Bourgois, no han sido debidamente documentados ni por la ciencia social ni por las estadísticas oficiales, y tampoco han sido adecuadamente abordados por las políticas públicas. Un destino análogo les ha tocado a las experiencias de creatividad social y política con que las personas hacen frente a esas condiciones estructurales. Los efectos de estar haciendo cosas –y haciendo colectivamente, como enfatiza María Inés Fernández Álvarez– están entre las razones de la política que ni el economicismo ni el moralismo incorporan en su horizonte de explicación. De este modo, ahondan la incomprensión de los procesos políticos populares.
La investigación etnográfica invita a ensanchar el lente con que miramos la política popular. También ayuda a replantear la manera en que esta se interroga, y enseña que antes de determinar por qué se debería examinar cómo las personas participan de los espacios políticos, cómo se aproximan, cómo se comprometen y se distancian unas de otras.
Esto no implica abandonar la pregunta de por qué sino más bien asumir que, para responderla con seriedad y tomar en cuenta su carácter complejo, se requiere una indagación propiamente empírica, que siga de cerca los modos cotidianos, siempre dinámicos y oscilantes, en que personas de carne y hueso crean y recrean relaciones políticas.
Doctora en antropología, Universidad Federal de Río de Janeiro
Investigadora adjunta del IDACOR, Universidad Nacional de CórdobaConicet. Docente de la maestría en antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
