El 10 de diciembre pasado (2023) un nuevo gobierno se hizo cargo del Poder Ejecutivo en la Argentina. Las primeras señales no parecen auspiciosas para el futuro del desarrollo científico tecnológico (CyT) basado en financiamiento estatal. Ya no lo eran antes de la victoria en el balotaje del 19 de noviembre y luego de las primeras medidas tomadas, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que entró en vigencia en el momento en que se escribe este editorial y un proyecto de Ley Ómnibus que espera debate en el Congreso, el panorama no muestra mejoras; la realidad es, no muestra nada. Pero ¿cuáles eran aquellas señales iniciales? Luego de que La Libertad Avanza resultase el partido con más votos en las elecciones primarias, se consultó a su líder, el actual presidente Javier Milei, sobre las medidas que tomaría con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) y con los investigadores científicos de la Argentina, a lo que este respondió que el primero ‘debe quedar en manos del sector privado’ y, acto seguido, añadió que los científicos deben ‘ganarse la plata sirviendo al prójimo como lo hace la gente de bien’.
Por lo pronto, en una medida aparecida en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2023, se publicó la estructura del Ejecutivo a cargo del sector de CyT. Como se había anunciado, el MINCyT desapareció como tal y, en su reemplazo, se creó una Subsecretaría de CyT que es una de tres subsecretarías y dos organismos a cargo de una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que, a su vez, es una de las ocho Secretarías que componen la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM). El Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI) pasan a depender directamente de la JGM mientras que de la Subsecretaría de CyT dependen la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ambos previamente dependientes del MINCyT.
Más allá de que las dependencias físicas del MINCyT, en el Polo Científico Tecnológico de la calle Godoy Cruz de la Ciudad de Buenos Aires, se asignaron a organismos no científicos como la Oficina Nacional de Contrataciones, el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), la Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI), y otras oficinas dedicadas a la innovación dentro del Estado, lo que se observa claramente en el DNU y el Proyecto de Ley es la ausencia explícita de cualquier referencia a una política de CyT para los próximos cuatro años.
Esto se da en un marco en el que el contrato social entre la ciudadanía y el sector de CyT parecía otro. En marzo del 2021 se promulgó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614) cuyo propósito es -en presente, porque aún está vigente- establecer un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica. En números, lo que se pretende con esta ley es pasar del 0,28 % del PBI, que el presupuesto nacional había dedicado en 2021, hasta alcanzar, progresivamente, el 1 % en 2032. Tal aumento del gasto público se justifica, de acuerdo a lo enunciado en el texto de la ley ‘por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental’. La ley se sancionó en la cámara de diputados con 189 votos a favor, cero negativos y dos abstenciones, mientras que, en la Cámara de Senadores, con 59 votos afirmativos se aprobó por unanimidad. Es decir, hace solo tres años, los representantes del pueblo votaron, por abrumadora mayoría, la necesidad de incrementar el gasto del presupuesto nacional en CyT. Más recientemente, el 11 de octubre de 2023, se aprobó, con carácter de Ley de la Nación, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 que ‘define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)’. Estas dos piezas legales son recientes, muy consensuadas y constituyen un marco de referencia para cualquier nuevo gobierno ¿o no? ¿Qué pasó entonces que estas dos leyes, que creaban lo que parecía un contrato social sólido, se puedan cambiar/ignorar con un DNU y un artículo de una nueva ley?
La falta de cualquier tipo de anuncio en lo que respecta a la inversión y la ausencia total de un pronunciamiento de los responsables de dirigir el destino de la CyT nacional, genera zozobra y desasosiego. Si soy becario ¿me comenzarán a pagar la beca en abril a mí, que soy nuevo? Y a mí, que hace tres años que tengo mi beca y estoy en la fase final para obtener mi doctorado, ¿me actualizarán el estipendio? Soy investigador y no sé si habrá plata disponible para pagar mi sueldo a partir de junio, ¿me ajustarán los sueldos de alguna forma en este contexto de muy alta inflación?
Esta falta de reconocimiento de la actividad por parte del actual gobierno se corresponde con la existencia de dudas en la sociedad respecto de porqué llegar al 1% del PBI en el gasto de CyT si tenemos tantos problemas de pobreza. La respuesta es una cuestión de tiempos y prioridades. Hubo un autor que lo ilustró con un ejemplo de nuestros antepasados cazadores-recolectores hace 1,5 millones de años (Richard Wrangham). Cuando nuestros primeros ‘curiosos’ antepasados empezaron a seguir los incendios naturales y a algunos se les ocurrió que rozando dos piedras pedernales podían sacar chispas y encender ramas secas, hubo seguramente un grupo que los instó a abandonar esa práctica y salir con ellos a cazar animales y recolectar plantas comestibles. Esto resultaba de mayor prioridad y la recompensa sería más rápida (¿suena familiar?). Sin embargo, aprendimos con el tiempo que cocinar los alimentos resultó en una ventaja evolutiva; cambió la morfología de nuestro intestino y la de nuestros dientes y permitió un desarrollo mayor del cerebro que se seleccionó dando, en África, origen a nuestra especie actual.
Cuando las sociedades se complejizan y entran en un proceso que, comúnmente, llamamos civilización, hay un acuerdo de que a grupos de individuos se les asignarán tareas especiales: tendremos agricultores, soldados, sacerdotes y gobernantes. Estas sociedades complejizadas fueron las que dominaron a las otras en el pasado (Jared Diamond lo expone muy claramente es su libro Guns, Germs and Steel). Tres siglos atrás incorporamos otro grupo especializado al que denominamos científicos. Ellos, con su curiosidad, que siempre resultó con aplicaciones prácticas (la electricidad de Faraday era una ‘curiosidad divertida’, o la mecánica cuántica ‘un desvarío intelectual’) otorgaron una ‘ventaja competitiva’ que permitió que ciertas naciones se impusieran sobre otras. Antes lo hacían militarmente, ahora, sin renunciar a lo militar, lo hacen sobre todo comercialmente. Pero igual que lo militar, los primeros en caer son los menos preparados. Los que tenían los ejércitos más débiles sucumbían primero. Ahora, los que tienen la ciencia y la tecnología más débiles también sucumben primero. No hay salida.
Pero ¿es necesario que los estados se dediquen a esto? ¿por qué no lo dejamos a las iniciativas de los propios ciudadanos organizados? Los ciudadanos organizados en nuestro sistema capitalista forman empresas; su objetivo primario es aumentar sus ganancias y la innovación es un instrumento para alcanzarlo. Sin embargo, adquirir conocimiento motivados sólo por la curiosidad no está en su visión y alcance. Y este conocimiento es, justamente, lo que crea el caldo donde se cocinan las innovaciones que motivan luego a ciudadanos inspirados, y con capital a generar nuevos productos y servicios.
¿Y por qué no dejamos que la adquisición de conocimientos basada en la curiosidad ̶que es cara y sin recompensa inmediata ̶ la realicen otros, y nosotros la adquirimos luego? La Argentina no tiene ninguna empresa en el top 500 de las empresas del mundo (de acuerdo a la revista Forbes). Esto es sólo un indicador, pero ilustra nuestra capacidad de generar conocimiento nuevo en el ámbito privado. No es nulo, pero es escaso. Podemos adquirir algún conocimiento sin invertir para adquirirlo, pero, nuevamente, en las guerras comerciales seríamos una de las primeras víctimas en caer si dejamos de tener un ‘ejército’ de científicos que nos defiendan. Un ejército donde habrá figuras descollantes y trabajadores de la ciencia que estarán juntos desarrollando proyectos que nos permitirán dialogar con todos los científicos y tecnólogos del planeta. Con gente así, es muy difícil que la Argentina caiga en la compra o venta de espejitos de colores, que su capacidad de entender sus fuentes de energía, de defender sus bosques nativos y sus glaciares o de proteger su medio ambiente, sea avasallada. El conocimiento y la tecnología asociados le servirá para dialogar con las potencias, como ocurrió con el caso nuclear, por ejemplo. Y, en este punto un comentario lateral, algo que algunas voces levantaron; es probable que dentro de ese ‘ejército’ haya soldados que no saben pelear o que sean incapaces, pero eso no justifica que no se mantenga un ejército.
La conclusión es que CyT no es un gasto superfluo, sino una necesidad que debe ser cubierta. Y eso es lo que falta en estas primeras dos medidas de gobierno. Es deseable que, en un futuro cercano, esto que vemos como incerteza vaya convergiendo hacia un reconocimiento de la importancia de mantener la actividad para el bien de todos. No es corporativismo; es sentido común
