El 24 de marzo pasado se cumplieron cuarenta años del último golpe militar, el cual inició una dictadura que duró desde 1976 hasta 1983, cuando se restableció el orden democrático. Vistos desde hoy, esos casi ocho años se nos aparecen dominados por los aberrantes actos de violencia criminal que se fueron conociendo. Rememorarlos nos proporciona la bienvenida oportunidad de reflexionar sobre nuestra historia reciente.
Ese aniversario puede eclipsar a otro, ocurrido diez años antes, el 28 de junio de 1966, del que, en consecuencia, pronto se cumplirá el 50˚ aniversario: el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Arturo Humberto Illia por las fuerzas armadas y el inicio del precedente ciclo de dictadura, que duró hasta 1973.
La comunidad académica se vio especialmente afectada por ambos acontecimientos. En proporción al número de sus integrantes, fue posiblemente uno de los grupos de la sociedad que más violencia sufrió en 1976, y seguramente la Universidad haya estado entre las instituciones más afectadas por las acciones del gobierno militar de 1966.
A poco de detentar el poder, en efecto, ese gobierno intervino las universidades nacionales y modificó el régimen legal que regulaba su funcionamiento. Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires resistieron la medida: el rector Hilario Fernández Long y el consejo superior emitieron una comunicación que entre otras cosas decía:
En este día aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia.
Los decanos y consejos de muchas facultades reaccionaron en forma similar y, en varias, autoridades, profesores y alumnos bloquearon las puertas para obstaculizar la ejecución de la medida. Pero la noche del 29 de julio de 1966 fueron violentamente desalojados por la Policía Federal en un episodio conocido por la ‘noche de los bastones largos’, que incluyó maltrato físico, golpes de bastones y culatazos, e incluso un traumático simulacro de fusilamiento en el patio central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Manzana de las Luces, que tuvo repercusiones severas en muchos de los que lo sufrieron.
Para analizar las consecuencias de la intervención, conviene diferenciar las que afectaron a las personas de las que recayeron sobre la institución. Si bien en lo inmediato las primeras fueron más llamativas (y en muchos casos más dolorosas), en el largo plazo resultaron cruciales los efectos de las segundas. A cincuenta años de distancia, quizá estemos en condiciones de empezar a analizar estas con alguna objetividad. Tanto unas como otras fueron distintas según la facultad (de la misma manera que difirieron en otras universidades del país).
Una medida de los trastornos personales ocasionados es el número de renuncias y expulsiones de docentes. Se ha estimado que solo en la UBA rondaron las 1400. La situación más crítica se produjo en las facultades e institutos de disciplinas con orientación predominantemente académica antes que de capacitación para ejercer profesiones liberales donde, además, se concentraba el grueso de la investigación y del profesorado con dedicación exclusiva.
Existen muchos testimonios sobre la suerte corrida por quienes, en forma forzada por los acontecimientos, abandonaron entonces la universidad, y sobre sus avatares y sufrimientos. Hubo quienes continuaron la actividad científica en institutos del Conicet o en organismos como la CNEA o el INTA, en los que también se sintieron efectos de las medidas que siguieron al cambio de gobierno. Otros se reubicaron en empresas en tareas relacionadas con su especialidad. Algunos abandonaron la ciencia. Y un número no menor se instaló en forma temporaria o permanente en el extranjero. Se ha estimado que ese número rondó los trescientos académicos, más una cifra imprecisa de graduados jóvenes y estudiantes.
Para analizar las repercusiones institucionales de la intervención es necesario considerar la situación de la UBA en el momento en que ocurrió. Esta había experimentado una importante renovación, comenzada once años antes, que la puso decididamente en el camino de mejorarse y modernizarse en por lo menos tres aspectos cruciales: la calidad académica, la diversificación de los programas educativos para atraer a estudiantes de círculos sociales no atendidos por la universidad y la consolidación institucional que le permitiera tener un gobierno estable e independiente del poder político. Lo paradójico de esta historia es que también empezó con un golpe militar, el acaecido el 16 de septiembre de 1955, y con la intervención de las universidades nacionales (entonces las únicas que había) por el Poder Ejecutivo, en el caso de la UBA a cargo inicialmente del historiador José Luis Romero.
La renovación académica produjo un fortalecimiento en una escala con pocos precedentes en el país de una de las funciones fundamentales de la universidad: la creación de conocimiento. Sucedió en forma simultánea con el nacimiento o la reforma de otras instituciones estatales orientadas a la investigación, como el Conicet, el INTA o la CNEA, en los que a menudo actuaban las mismas personas. Esto produjo un notable florecimiento de la actividad en facultades centralmente orientadas a las ciencias y las humanidades, como la de Ciencias Exactas y Naturales y la de Filosofía y Letras, lo mismo que el fortalecimiento de los sectores de esas disciplinas en varias facultades orientadas a las profesiones liberales, como la de Medicina, la de Bioquímica y Farmacia, la de Agronomía y Veterinaria o la de Ingeniería. No sorprende, entonces, que muchos integrantes de esas áreas de la universidad y sus sucesores vean el período 1955-1966 como los años de oro de la UBA.
La ampliación de las capas sociales del alumnado hacia sectores distintos de los altos y medio altos que tradicionalmente accedían a la universidad había comenzado antes de 1955, por ejemplo con la creación de la Universidad Tecnológica Nacional (que tardó un tiempo en adquirir características universitarias) o con la eliminación del examen de ingreso. En el período que comentamos se dieron nuevos pasos. Se ensayaron, por un lado, medidas que fueran más allá de abrir las puertas de la universidad a estudiantes que luego, por arribar mal preparados o tener que trabajar, no lograban llegar muy lejos en su educación, como ofrecer cursos preparatorios y clases en horarios vespertinos. Por otro lado, se buscó diversificar los programas educativos en la dirección de cursos más cortos y más específicamente orientados al mercado laboral, atractivos para las aspiraciones y posibilidades de esa clase de estudiantes.
Cuando se produjo la noche de los bastones largos la UBA llevaba once años en que había logrado, negociando y a los tropiezos si se quiere, suficientes acuerdos internos como para que en los consejos directivos y en el superior se sucedieran mayorías con diferentes orientaciones, lo que se tradujo en los correspondientes cambios en el rectorado y los decanatos. A pesar de ello, tuvo la capacidad de mantener en líneas generales un rumbo bastante ampliamente aceptado. Así, al rectorado del filósofo Risieri Frondizi, apoyado por un conglomerado de grupos de izquierda y centro izquierda, se sucedieron los del economista Julio Olivera y del ingeniero Hilario Fernández Long, favorecidos por los votos de derecha y centro derecha, aunque en todos los casos se puede pensar que amplias capas de independientes decidieron las elecciones y que los elegidos de una u otra tendencia gobernaron buscando acuerdos entre las distintas corrientes.
La intervención de 1966 interrumpió bruscamente este proceso. Instaladas las nuevas autoridades, la vida universitaria recomenzó con un marcado deterioro del primero de los aspectos señalados –la calidad académica–, que se hizo sentir con mayor intensidad justamente allí donde más había florecido, pero no dejó de afectar al resto de la institución. Ello se debió a que, además del vacío dejado por muchas figuras relevantes y por el alejamiento de jóvenes graduados, había desaparecido del ámbito público de la universidad el clima de libre discusión de las ideas, si bien permaneció en la privacidad de grupos reducidos, en cátedras e institutos, casi en la clandestinidad.
Es difícil apreciar las consecuencias que tuvo lo anterior en la ciencia argentina, una proporción sustancial de la cual se producía en la UBA, pero se puede pensar que sufrió un importante daño, al que también contribuyeron las intervenciones en el resto de las universidades nacionales y los cambios de políticas en entidades como el Conicet y otras semejantes.
Si en el segundo aspecto indicado –la diversificación social del alumnado– es posible que las cosas no hayan cambiado tanto, en el tercero –la cooperación de personas con pluralidad de ideas–, en cambio, la destrucción fue poco menos que total. Y a diferencia de lo que sucedió en 1955, la intervención no trajo ideas nuevas a la universidad, de suerte que solo parece haber dejado memorias negativas de su paso por ella.
No es sencillo ser más preciso en la evaluación de todos estos daños, entre otras razones porque se superponen con la historia posterior, especialmente con los efectos del golpe de 1976, que tenemos demasiado encima como para verlos en perspectiva. Quizá algunas de las ideas esbozadas en este editorial desemboquen en el futuro, cuando se puedan mirar los efectos comentados desde más distancia, en líneas de reflexión que permitan ir decantando conclusiones mejor fundadas.
