En las últimas dos décadas se fue produciendo en la Argentina una sucesión sostenida de reformas institucionales y operativas en el mundo de la educación superior y de la investigación científica. Como consecuencia de esos cambios, a poco que se mire se podrán advertir bastantes diferencias entre la situación actual de lo que podríamos denominar el sector académico y la que tenía, digamos, en 1990.
Las innovaciones respondieron más a un propósito global de modernización que a un plan explícito, y se concretaron mediante iniciativas tomadas en distintos momentos por, en primer lugar, el gobierno nacional, ya sea por su rama legislativa, que en 1995 sancionó la ley 24.521 de educación superior, o por el ministerio correspondiente del Poder Ejecutivo. A resultas de esas iniciativas, y a veces también de manera independiente de ellas, las universidades y los organismos de investigación variaron muchas veces sus concepciones y sus prácticas, o se fundaron nuevas instituciones, por ejemplo, el cinturón de recientes universidades nacionales instaladas en el Gran Buenos Aires.
Entre las reformas que contribuyeron a modificar el panorama podemos citar, entre otras, la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), en un esfuerzo por promover la racionalidad y la calidad de los estudios y diplomas de posgrado; el programa de incentivos a docentes investigadores de universidades nacionales, orientado a apuntalar la creación de conocimiento en estas; el programa nacional de becas universitarias, para estudiantes carentes de medios económicos; los ajustes institucionales del Conicet y la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, acciones dirigidas a sostener la investigación científica sistemática, y la constitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, unida a una sensible ampliación de los recursos oficiales canalizados a esa actividad, que permitieron hacer cruciales inversiones en edificios y equipos.
El resultado es que en estos momentos tenemos un sector dinámico, con la capacidad de emprender y concretar iniciativas importantes, pero al mismo tiempo sumamente dispar e incapaz de solucionar viejos problemas, como los que aquejan a las mayores y más antiguas universidades nacionales.
Esa disparidad salta a la vista en el mundo universitario, que se compone en estos momentos de unas 120 instituciones: 54 universidades nacionales, una provincial, 46 privadas, 19 institutos universitarios, una universidad extranjera y una internacional. Esa constelación incluye a la Universidad Nacional de Córdoba, fundada hace unos cuatrocientos años en tiempos coloniales; a la casi bicentenaria Universidad de Buenos Aires, y a la centenaria Universidad Nacional de La Plata, pero incluye también a instituciones que aún no cumplieron su primera década de vida. Abarca desde entidades que cuentan su alumnado en decenas de miles hasta otras que solo atienden a un puñado de cientos; desde algunas que realizan investigación científica de alta calidad internacional y aportan nuevo conocimiento en las ciencias, las humanidades y la tecnología, hasta otras que solo imparten en modesta escala la capacitación aceptada para profesiones tradicionales o nuevas.
De la información estadística oficial se concluye que el sistema incorporó en estos momentos a cerca de 1,7 millones de estudiantes, lo que representa alrededor del 40% de la población entre dieciocho y veinticinco años, una proporción relativamente alta en el contexto internacional. Pero la tasa de graduación no alcanza al 20%, un valor marcadamente bajo en ese contexto, y todavía inferior si solo se cuenta a la universidad pública, al punto de ser cuestionable la definición de estudiante que se aplica en las estadísticas sobre esta.
También llama la atención la diversidad de requisitos de ingreso y de títulos de pregrado y grado que se otorgan. Esos títulos ascienden a unos 1600, unas diez veces más que España, que tiene 15% más población, y no guardan relación unos con otros, de suerte que diplomas semejantes de dos universidades pueden muy bien referirse a capacitaciones muy distintas, algo que hace extremadamente difícil la movilidad estudiantil entre universidades y prácticamente imposibles las comparaciones nacionales e internacionales y el intercambio de alumnos con universidades de otros países, incluidos los de la región.
Considerando esta situación, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el sistema académico argentino? Si recordamos las tres funciones básicas de cualquier sistema académico –investigación, extensión o transferencia y en señanza–, quizá se podría afirmar que la primera parece estar cumpliéndose sin dificultades mayores. Hay sin duda cuestiones que resolver, como la búsqueda del mejor equilibrio entre el fomento de las áreas de investigación tradicionales en el país (en determinadas ramas básicas de las ciencias biomédicas y fisicoquímicas) y el apoyo a otras disciplinas, en especial algunas orientadas a tecnologías promisorias para el crecimiento económico; y el equilibrio entre la investigación impulsada por la búsqueda desinteresada del conocimiento en un marco de libertad académica, y aquella orientada a resolver problemas sociales diversos. También hay discusión en torno a la ubicación de las humanidades y las ciencias sociales, lo mismo que sobre variadas cuestiones más técnicas, como los sistemas de evaluación de la calidad, de asignación de recursos, de incorporación de investigadores y de promoción. Pero sea esto como fuere, no se perciben mayores dudas conceptuales en cuanto al cometido de la investigación ni sobre la dirección en que conviene marchar para cumplirlo.
Un juicio benigno como este es más difícil de emitir para la segunda función, la de extensión o transferencia: la universidad argentina simplemente no está ayudando todo lo necesario a la sociedad a comprender los variados y complejos problemas que esta enfrenta, que con frecuencia son objeto de artículos en nuestra revista, y que suscitan intensos debates en ámbitos políticos y los medios. Abarcan tanto cuestiones sociales como la educación elemental, la pobreza o la violencia, hasta otras de contenido más tecnológico como la minería, la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados o la contaminación ambiental, para solo citar algunas. Y también se refieren a procurar la transmisión del conocimiento tecnológico en la dirección de desarrollos de interés económico, un área en que se están comenzando a ver signos de progreso.
En materia de enseñanza las cosas son bastante más complejas, puesto que si bien habría amplio acuerdo en diagnosticar sus deficiencias, no parecen abundar las ideas innovadoras en cuanto al modo de solucionarlas. Permítasenos, pues, unas reflexiones sobre esta cuestión, empezando por señalar que se daría un saludable paso adelante si se partiera de aceptar que la indicada gran diversidad institucional del sistema universitario no solo es un hecho irreversible sino, también, una característica positiva. En otras palabras, en todo el mundo, los sistemas de educación superior abarcan un universo más complejo y variado que el definido por el clásico concepto de universidad de raíz medieval ampliado en Berlín en el siglo XIX por Wilhelm von Humboldt con la inclusión de la investigación científica.
En un editorial publicado en 1995 (‘¿Hacia dónde va la universidad?’, Ciencia Hoy, 6, 31: 7-8) adelantamos esta idea. Esbozamos allí la conveniencia de que pudieran convivir en nuestro sistema universitario (aunque no necesariamente en cada una de sus instituciones) por lo menos tres formas de educación superior: (i) la enseñanza e investigación de las ciencias, las humanidades y la tecnología, propias de la mencionada tradición académica occidental; (ii) la capacitación para las profesiones liberales mayores, que requiere una sólida base en dichas disciplinas académicas y que históricamente fue el centro de la universidad argentina; y (iii) la capacitación para ejercer todo tipo de profesiones más nuevas, que se logra con programas más cortos y académicamente menos exigentes, y que a menudo se obtiene también en instituciones de enseñanza terciaria no universitaria. Reiteramos estas ideas en otro editorial hecho público en 2006 (‘La universidad argentina hoy’, Ciencia Hoy, 16, 92: 8-9).
Acoger y valorar la diversidad institucional del sistema universitario no es incompatible con buscar una mayor eficiencia y racionalidad de los programas educativos y de los títulos otorgados. En ese sentido, parece aconsejable considerar si sería factible que las universidades aplicaran a sus programas de grado, con todas las salvaguardias del caso, un ordenamiento que condujera a lograr una oferta educativa menos anárquica.
Muy cercana a esta cuestión están otras dos que también merece ser consideradas: conseguir en el sistema un razonable equilibrio de disciplinas, orientaciones y especialidades, y estimular una mejor alineación de la formación para las profesiones liberales con sus respectivos mercados de trabajo. Se suele señalar que por lo común egresan de las universidades abultados números de contadores, administradores de empresas o psicólogos, mientras que son pocos por comparación los ingenieros, matemáticos o físicos, un resultado sobre cuya razonabilidad, por lo menos, se han expresado dudas. De la misma manera, son frecuentes las afirmaciones acerca de las reducidas destrezas que exhiben médicos y abogados recién egresados cuando se enfrentan con sus primeros compromisos profesionales.
En todo lo relacionado con la enseñanza, creemos, residen los mayores desafíos actuales del sector académico argentino. La diversidad del sistema evidencia vigor y creatividad, pero al mismo tiempo llevó a resultados caóticos, además de ineficientes. Parte de esos desafíos consisten en introducir el mínimo requerido de orden sin afectar esa creatividad, ni la libertad académica, es decir, la libre elección de los estudiantes de la orientación que prefieran, y de las instituciones de enseñar lo que crean más adecuado. Para esto posiblemente convenga revisar cómo funciona el sistema de aprobación de títulos que dan acceso a profesiones reguladas, como las dos últimas que mencionamos, trabajar con las asociaciones profesionales y experimentar con fórmulas nuevas.
En síntesis, este es un buen momento para contemplar el panorama, apreciar los cambios de los últimos veinte años, evaluar sus efectos y esbozar líneas de la acción futura.
Volumen 22 – Nº 130, diciembre 2012 – enero 2013
