Repetidamente hemos señaldo en estas páginas la grave situación en que se encontraron, en los últimos años, los organismos oficiales argentinos de promoción de la ciencia, por razones de ahogo financiero y por haber sufrido estilos de gobierno desconocedores de los principios que deben regir la conducción de entidades académicas, Tal estado de cosas se hizo muy ostensible en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), algo especialmente grave por tratarse del único ente nacional con la misión de promover la investigación básica en todas las r amas del saber. La situación actual de dicho consejo se caracteriza por la ausencia de recursos para financiar proyectos de investigación y por el congelamiento de los ingresos y las promociones en la carrera del investigador científico, con la consiguiente eliminación de una de las principales oportunidades par a los jóvenes con vocación y capacidad para la ciencia, Tales circunstancias se tornaron aún más irritantes porque, mientras los investigadores sufrían la progresiva parálisis del CONICET, este dedicaba sus fondos a acciones carentes de seriedad, como planear una llamada ’ciudad de la ciencia’, construir edificios para albergar centros de investigación en Diamante y Anillado o financiar estudios sobre los efectos de la cortina en seres humanos, dando con lo último aval público a un proceso cuyo fraudulento origen y evolución denunciamos en su momento (Ciencia-Hoy, 4:70-73, 1989)
A principios de julio de 1996 el poder Ejecutivo resolvió que la secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) dejará de depender de la presidencia de la Nación y pasara, junto con el CONICET y reparticiones como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica, la órbita del ministerio de Cultura y Educación, En un tácito reconocimiento de que algo andaba mal, eI cambio de jurisdicción se completó con el reemplazo del titular de la SECyT, Domingo Ilota, y con la intervención del CONICET, que ocasionó la disolución del directorio designado por el propio gobierno en febrero de 1996. El nuevo titular de primero de esos organismos, Juan Carlos Del Bello, fue nombrado interventor del segundo, con la misión de propone dentro de los 90 días, cómo reestructurarlo. El 18 de septiembre, en un documento titulado Informe de gestión I, el funcionario hizo públicas sus conclusiones acerca de a situación del CONICET, algunas de las cuales son :
..ha perdido, de hecho, unas de sus misiones básicas: financiar proyectos de investigación y desarrollo. La irrisoria disponibilidad de recursos para esta finalidad equivale a $38 mensuales por investigador..
.. el costo en administración es nueve veces superior al monto destinado o financiar proyectos de investigación y desarrollo. [Tiene] una estructura de administración con siete direcciones nacionales, con función ejecutiva y remuneraciones superiores a la de un investigador superior, y una p(anta superior a 420 personas.
.. desde un punto de vista económico-presupuestario, el CONICET ha colapsado, pese a tener un presupuesto global que, en valores constantes, es bastante superior a! vigente en la década pasada
El diagnóstico de interventor fue incluso más allá de as más pesimistas apreciaciones hechas en esta columna y resulta especialmente significativo – y quizá habría que agregar hasta valeroso – por proceder de un integrante del gobierno que tuvo la responsabilidad de designar las autoridades que rigieron a la entidad durante los últimos ocho años.
El ahora oficialmente reconocido colapso de la importante institución obliga a reflexionar acerca de la responsabilidad que les cabe a quienes la llevaron a ese estado. Que los funcionarios deban responder por sus actos ante la sociedad – lo que en el mundo anglosajón se designa con la palabra accountability, que expresa el concepto de rendir cuentas – constituye uno de los fundamentos de la democracia, ya que sólo si existe tal responsabilidad puede esperarse que los actos de gobierno tengan la aceptación y el respaldo de los gobernados. Dicha responsabilidad, por otra parte, no se agota en el cumplimiento de las normas formales de tipo procesal que se aplican en la administración pública: es parte esencial de ella velar por que el dinero de los contribuyentes se destine a alcanzar, con la máxima eficiencia posible, los fines para los que fue asignado, y que se evite usarlo en acciones que favorezcan o perjudiquen injustamente a personas o grupos.
En entidades como el CONICET, la responsabilidad en cuestión se vincula muy particularmente con el res- peto por principios y procedimientos – muchas veces no escritos – internacionalmente aceptados como el eje de la vida académica. El constatado colapso tuvo lugar debido a decisiones tomadas por órganos de conducción en los que participaban investigadores, incluidos algunos de alto prestigio en sus disciplinas. Hemos sostenido en un editorial reciente (’Pares e impares’, CIENCIA Hoy, 34:7-8) que la sola presencia de científicos en los órganos de gobierno de esta clase de instituciones no garantiza una gestión libre de vicios; si esa presencia es necesaria, por la naturaleza técnica de los asuntos, igualmente necesarias son normas explícitas que aseguren una conducta de funcionarios y asesores regida por los mencionados principios y procedimientos tradicionales del mundo académico. Una manera simple de lograr lo anterior es establecer la obligación de que los recursos se distribuyan por concursos periódicos abiertos, sometidos a evaluados idóneos e independientes, y de que todas las decisiones sean exhibidas a la mirada pública.
No sólo está en manos de la nueva conducción del CONICET revertir su estado económico catastrófico, sino que es necesario que lo adecuen – igual que los otros organismos de ciencia y tecnología – al desafío de llevar al país a un nivel científico y acorde con su pretensión de incorporarse al grupo de las naciones avanzadas del rnundo, La necesidad inmediata es reasignar los recursos para que se pueda atender a tres objetivos:
(i) que los centenares de jóvenes formados aquí y en el extranjero puedan continuar su actividad científica,
(ii) que se corrija la profunda distorsión producida en los últimos años por la ausencia de promociones en la carrera del investigador y
(iii) que se financien adecuadamente las necesidades de insumos de las investigaciones. Podrá pensarse que ello es una pretensión utópica, dada la política oficial de reducir el gasto público. No es, sin embargo, el nivel total de gasto que estamos cuestionando: cualquiera fuese este, su composición debe ser tal que no se frustren los propósitos del esfuerzo. Si no se efectuaran los ajustes que sugerimos, la inversión realizada para formar jóvenes aquí o en otros países y los sueldos pagados a los investigadores de carrera serían erogaciones completamente inútiles, que más valdría suprimir.
También es necesario reconocer que, para que la Argentina se transforme en una sociedad industrial avanzada, el gasto global (público y privado) en ciencia y tecnología tendría que crecer: medido como fracción del producto bruto interno, debería pasar del 0,3% actual a un 2-3%. Tal gasto debe ser administrado con eficiencia, de manera que se promueva la calidad y se logre una adecuada distribución por disciplinas y tipo de acción científica (investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico). Un aumento de recursos de la magnitud señalada sólo sería posible si la cantidad de personas con formación universitaria de postgrado que pudiesen ocupar con eficacia posiciones jerárquicas en tareas vinculadas con la ciencia y la tecnología fuese de orden del 0,2% de la población (una por cada quinientos habitantes): en estos momentos se necesitarían aproximadamente setenta mil, es decir, unas diez veces las existentes.
La actual conducción del CONICET y de la SECyT se enfrenta con una formidable responsabilidad histórica. De lo que haga y del grado de genuina adhesión que pueda concitar en otros actores sociales, incluyendo a los investigadores, depende que el sistema científico-tecnológico argentino promueva la calidad y crezca al servicio del progreso y del bienestar general, o que se convierta en una estructura gerontocrática, mediocre y endogámica, cuya única función será consumir dinero público para alimentarse a sí misma. En este momento, se ha abierto una oportunidad. Si se desperdicia, ¿cuántos años pasarán antes de que llegue otra?.
