Este número de Ciencia Hoy llega a manos de los lectores en vísperas de las elecciones nacionales por las que, arribado el fin del presente período presidencial, se renovará el Poder Ejecutivo. Luego de realizadas las elecciones primarias, se ha aclarado el panorama de candidatos y agrupaciones; los partidos políticos emiten prácticamente a diario comunicaciones dirigidas a captar votos, y los ciudadanos, agrupados por sus opiniones, afinidades e intereses, se movilizan tanto para conocer las políticas que ejecutarían los postulantes a cargos públicos como para convencerlos de la bondad de los programas que defiende cada grupo de opinión o presión.
En este contexto, hemos presenciado diversas iniciativas tomadas por integrantes de la comunidad científica y tecnológica, lo mismo que otras de los partidos políticos dirigidas a dicha comunidad. Así, hubo partidos que celebraron reuniones públicas de discusión con académicos y tomaron en ellas compromisos para el caso de que fueran elegidos; otros partidos dieron a conocer programas de gobierno con detalles más o menos precisos sobre lo que harían en materia de ciencia y tecnología.
Por su lado, diversos grupos más o menos formales y más o menos numerosos de investigadores hicieron llegar a los políticos cuestionarios sobre lo que harían en el gobierno, lo mismo que propuestas generales o específicas sobre acciones que, en su opinión, convendría tomar. Entre esos documentos solo mencionaremos, por la amplitud de su enfoque y la diversidad de sus patrocinadores (que incluyen a la Asociación Civil Ciencia Hoy), uno titulado ‘El papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad argentina de los próximos años’, remitido a las actuales autoridades y a todos los candidatos. (El documento puede consultarse en cienciahoy.org.ar/carta-mandatarios.)
No es propósito de este editorial pronunciarse a favor de unas políticas por sobre otras. Nuestra finalidad es informar al lector acerca de la discusión en curso y, en todo caso, señalar algunas grandes líneas de consenso, lo mismo que otras en que hay menos unanimidad de opinión.
Entre las áreas en que hay amplio acuerdo figura la necesidad de que exista una política de Estado en materia de ciencia y tecnología, cuyos grandes lineamientos se mantengan más allá de la alternancia de los gobiernos. Existen sólidas razones de tipo técnico, político y económico –en las que no entraremos aquí– que justifican esa necesidad y la consiguiente inversión de dinero público en el sector. Con algunas inconsistencias, una política de este tipo fue tomando gradualmente cuerpo desde el restablecimiento del régimen constitucional en 1983, pues casi todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces, aunque a veces dieron pasos en direcciones equivocadas, terminaron realizando avances netos en la materia.
Para que una política de este tipo vaya más allá de lo meramente declamatorio, no debe formularse de manera aislada del resto de las políticas públicas ni aplicarse de forma independiente de estas: debe formar con ellas un único cuerpo coherente y de ejecución coordinada. Dos ideas importantes a tener en cuenta en esta materia son que todas las áreas de la acción gubernamental requieren apoyarse en el mejor conocimiento aplicable al medio local, y que la fuente de ese conocimiento es el sistema académico en todas sus ramas, tanto para la creación en el país de nuevo conocimiento como para la adaptación a nuestro medio del creado en el extranjero. Piénsese, para tomar unos pocos ejemplos notorios, en la salud pública, la contaminación ambiental, la energía o la productividad agropecuaria. La experiencia de las últimas décadas muestra que, si bien hay consenso sobre la mencionada necesidad de una política de Estado en materia de ciencia y tecnología, esta no se logró aplicar en forma sistemática y coordinada en las distintas áreas de gobierno. Cómo hacerlo es uno de los asuntos en discusión.
Discutir esta materia pone inevitablemente sobre la mesa las políticas de prácticamente todos los demás sectores económicos y sociales, entre ellos –para ejemplificar con algunos–, educación, producción industrial y agropecuaria, patentes y propiedad intelectual, la relación del Estado con la actividad privada y, obviamente, las finanzas públicas. Una meta repetidamente expresada y solo parcialmente cumplida a lo largo de los años es incrementar la participación del sector científico-tecnológico en el PBI. Sujeto a imprecisiones de medición, se estima que en las últimas décadas pasó de alrededor del 0,4% al 0,65%, inferior no solo al 1%, que es el valor numérico usualmente dado a esa meta sino, también, a valores registrados en países que podrían verse como modelos, en los que ronda o supera el 2%.
La cuantificación concreta de dicha meta en un programa de gobierno y la definición de los pasos a dar para alcanzarla exigen tomar serias decisiones –como cuánto destinar en el presupuesto nacional al financiamiento de la investigación científica y tecnológica– que exceden la competencia de los responsables e integrantes del sector. Pero también se requiere que estos establezcan cómo aplicar mejor los gastos e inversiones.
De esta manera se llega a cuestiones en las que existen ciertos márgenes de discrepancia. Las preguntas que se plantean son, por ejemplo, si debe distribuirse el dinero disponible para gastos de investigación exclusivamente por el mérito de los proyectos y los antecedentes de los investigadores que se proponen ejecutarlos, con lo que los recursos terminarían fuertemente concentrados en las disciplinas y las instituciones con mayor tradición, ubicadas en las principales ciudades, o si conviene separar una porción de los recursos para apoyar disciplinas poco cultivadas en el país y a investigadores que procuran iniciarse en ellas. Otra área de discusión es la prioridad que se debe dar a estudios cuyos resultados tendrían posible aplicación inmediata en, por ejemplo, la medicina o la producción de bienes y servicios versus investigaciones cuya motivación central no es obtener esos resultados de efecto rápido sino, más bien, incrementar nuestra comprensión amplia del funcionamiento del mundo natural, la cual, en un plazo mayor, abrirá sin duda las puertas a desarrollos de interés social. O cuál debe ser la participación del sector privado en el gasto interno en ciencia y tecnología. O en qué medida y en qué aspectos se puede aspirar a que la ciencia local compita en pie de igualdad con la mejor ciencia internacional y se llegue, por ejemplo, a un nuevo premio Nobel por investigaciones llevadas a cabo en el país. O hasta dónde se justifica que se destine dinero argentino a los grandes proyectos internacionales que cuestan literalmente miles de millones de dólares, como la construcción y operación de grandes observatorios astronómicos o de gigantescos aceleradores de partículas subatómicas. Distintas respuestas a estas preguntas conducen a diferentes asignaciones del presupuesto público y del gasto privado, lo que termina llevando a discusiones no exentas de apasionamiento.
Discusiones de este tipo acaecen de modo permanente en todos los países, en especial en los más adelantados, y no existen respuestas estándar válidas para todos. Cada comunidad científica nacional debe buscar la suya a la luz de los intereses, las preferencias y las posibilidades de la sociedad en que está inserta. Nada más alejado de la búsqueda de aplicaciones prácticas que la ciencia de Einstein, que sin embargo transformó como pocas el mundo moderno, incluyendo la vida cotidiana; nada más fuertemente orientado a solucionar problemas sanitarios concretos que la ciencia de Pasteur, que sin embargo revolucionó como pocas nuestra comprensión del mundo biológico. De la misma manera, incrementar el conocimiento de la gran diversidad de ecosistemas naturales del país con el propósito central de comprender su funcionamiento terminará proporcionando las bases para conservar el medio y la biodiversidad; inversamente, estudios concretamente orientados a salvar una especie amenazada o a manejar un área natural de interés turístico contribuirán a lograr una mayor comprensión del mundo natural.
El apasionamiento de las discusiones, sin embargo, no debe hacernos perder de vista que en lo esencial hay consenso. Por eso hablamos de ciertos márgenes de discrepancia. El consenso es que un país moderno debe abarcar el espectro más completo que pueda de la investigación científica y tecnológica –incluidas las humanidades y las ciencias sociales– y que no es aconsejable dejar algo fuera. La discusión está en cuánto de cada cosa, o cuál es el punto razonable de equilibrio entre tendencias que se oponen.
Como revista de divulgación de la ciencia escrita por investigadores profesionales, el mensaje que Ciencia Hoy quiere hacer llegar a sus lectores resalta la importancia para el futuro de la ciencia, la educación y la sociedad en general de la existencia de una política explícita de Estado en materia de ciencia y tecnología, y en tiempos electorales, que esta se discuta y pase a integrar las propuestas programáticas de los partidos políticos y sus candidatos. Y que los ciudadanos reflexionen sobre la
cuestión al decidir su voto.
