Realizar un balance social de lo ocurrido durante las últimas dos décadas en el medio rural en general, y en la actividad agraria en particular, de la Argentina resulta una tarea necesaria y compleja a la vez. Es necesaria porque la intensidad de algunos cambios en el sector, como la adopción de nuevas tecnologías, la organización de la producción y la estructura agraria propiamente dicha, ha ocasionado efectos que deben estudiarse. Sin embargo, el impacto de estas transformaciones no es lineal. En principio, el medio rural atraviesa otros procesos que no se relacionan estrictamente con lo que acontece en la actividad, por ejemplo, la difusión de otras actividades no agrarias o la creciente articulación con el medio urbano.
Por otra parte, es compleja porque la situación social del campo muestra una heterogeneidad estructural donde las diferencias geográficas, de escalas y tipos de productores, de producciones y de otros sujetos sociales involucrados –como los trabajadores y otros agentes– deben ser consideradas. Igualmente debe compararse el medio rural con el urbano para alcanzar una mejor comprensión social de su población.
Este artículo se organiza en torno de tres ejes:
- la dinámica poblacional, especialmente en lo que hace a la evolución y composición de la población rural;
- el acceso a la educación y a la salud por parte de la población rural y las brechas entre el campo y la ciudad, y
- el trabajo agrario, incluyendo su composición, las estrategias de la demanda y el funcionamiento actual de los mercados de trabajo.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Un balance de las transformaciones en la estructura social del campo durante las últimas décadas.
Población y estructura agraria
La tendencia histórica a la declinación absoluta y relativa de la población rural en la Argentina –definida como aquella que vive en localidades con menos de 2000 habitantes y de manera dispersa, vinculada o no a la actividad agraria– se mantiene en la primera década de este siglo. Según el último Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010 del INDEC, la proporción de la población rural sobre la población total del país se ubica por debajo del 10% y registra una caída de algo más de 200.000 personas para el período. Este despoblamiento de las zonas rurales y de pequeñas localidades es el resultado de distintos procesos, como la concentración de la tierra y de la producción que afecta principalmente a los pequeños y medianos establecimientos, la tendencia general a la disminución de la demanda de trabajo y a las condiciones y exigencias de las ocupaciones, y el limitado acceso a servicios y oportunidades en el medio rural.
De cualquier manera, una particularidad de la distribución de la población rural a nivel nacional es que se mantiene mayoritariamente localizada de forma dispersa (alcanzando a dos tercios del total), aun cuando la población rural agrupada aumenta ligeramente incluso en términos absolutos entre 2001 y 2010.
La presencia de diferencias provinciales es otra constante de la ruralidad en la Argentina, sea por efecto de diferentes matrices históricas, pero también como consecuencia de transformaciones recientes. Por ejemplo, para el total de la provincia de Buenos Aires en 2010 menos del 3% de la población es rural, con una composición en la que se destaca una proporción mayoritaria que vive en forma agrupada. En cambio, para la provincia de Misiones, 1 de cada 4 habitantes de la provincia vive en el área rural pero, además, el 80% de estos se localizan de manera dispersa.
Una mirada diferente de la dinámica poblacional consiste en considerar la población viviendo en forma estable en los establecimientos agropecuarios. En este caso, basado en los censos nacionales agropecuarios de 2002 y 2018, resulta que la población total que reside en los establecimientos se reduce 40,5% (equivalente a 500.000 personas menos). La caída en el número de establecimientos, el cambio tecnológico ahorrador de trabajo y la organización del trabajo con mayor presencia de tercerización de tareas emergen como causantes principales de ese movimiento.
Entre ambas fechas prácticamente hay una persona menos por establecimiento que se completa con una caída del 24,7% en la cantidad de establecimientos en 2018 (cercana a 70.000 unidades menos) en comparación con 2002 y un crecimiento relativo similar de la superficie media que pasa de 583 a 708 hectáreas (explicado principalmente por la desaparición de unidades de base familiar). En este caso, son estrictamente las áreas rurales dispersas las que se ven afectadas.
Los comportamientos provinciales a nivel de la estructura agraria y de la población también muestran resultados contrastantes: por ejemplo, la superficie media por establecimiento en Misiones se mantiene prácticamente invariable (76 hectáreas en 2002 y 80 hectáreas en 2018) con 3,7 personas por establecimiento para 2018; en Buenos Aires la superficie media se incrementa 30% (de 504 a 648 hectáreas), con un promedio de 2,5 personas por establecimiento.
Este proceso se complementa con otra evidencia de importancia: la ruralidad dispersa del país se explica cada vez más por la presencia de trabajadores y sus familias, que llegaron a casi un tercio como promedio nacional en 2018, aunque también en este caso con situaciones heterogéneas. En la provincia de Buenos Aires la mitad de la población en establecimientos corresponde a asalariados y sus familias, mientras que en Misiones esa proporción es inferior al 10%.
Sin duda, estas diferencias poblacionales en general y, como se verá más adelante, las relativas al trabajo en particular se correlacionan con los modelos socioproductivos vigentes en cada jurisdicción, con un polo compuesto mayoritariamente por empresas tecnificadas que desarrollan producciones extensivas (agricultura y ganadería vacuna) y otro con unidades productivas de base familiar con producciones regionales intensivas de renta y para el autoconsumo de los hogares.
Condiciones sociales y brechas rural-urbanas
El examen de algunas de las condiciones sociales de la población rural –en este caso, el acceso a la educación y a la salud– permite considerar la incidencia de algunas características propias del medio, la relación de esas condiciones con los cambios productivos y también reconocer las diferencias entre el campo y la ciudad.
En el caso de la situación educativa rural, aun en un contexto de mejora de varios indicadores relativos al nivel general de escolarización de la población rural, emergen importantes diferencias con el sector urbano. Todavía en 2010, un cuarto de la población rural mayor de quince años no había completado el nivel primario (incluyendo el segmento sin instrucción), si bien en 2001 esa condición superaba el tercio de ese mismo grupo. El avance en la escolarización primaria lleva incluso a acercarse a la de las áreas urbanas; el acceso a la educación secundaria en las ciudades, sin embargo, alcanza a triplicar el de las zonas rurales. También en este caso, la población rural dispersa apenas accede a la educación de nivel medio.
Otro indicador importante sobre las condiciones sociales de la población rural refiere a la presencia de cobertura de salud (a través de obra social, prepaga o de otro tipo). En primer lugar, vemos una situación desfavorable para la población con residencia rural frente a la población urbana.
Considerando los dos últimos censos de población, si bien es posible identificar una mejora para todos los grupos de población medida en términos de la cobertura en salud, la brecha entre la ciudad y el ámbito rural se mantiene en niveles similares, pero también hacia el interior del mismo espacio rural. Entre la población rural, el segmento mayoritario con localización dispersa es el que presenta los déficits más significativos, si consideramos que todavía en 2010 algo más de la mitad de aquella población no tenía acceso a cobertura de salud.
Otras limitaciones de orden cultural, recreativo, de vivienda o de transporte están presentes en las áreas rurales y con diferencias importantes con el medio urbano, que terminan incidiendo en los desplazamientos rural-urbanos, particularmente en los segmentos más jóvenes, aunque esta movilidad no implica una mejora automática de sus condiciones de vida.
Los cambios en el trabajo agrario
Aun considerando las conocidas dificultades para su cuantificación –por las características de la actividad, las limitaciones de los instrumentos de relevamiento y también por efecto de la subdeclaración de los propios empleadores–, hay evidencia firme para percibir una continua declinación del número de personas ocupadas en la actividad. Tal como ya fue señalado para dar cuenta de lo que sucede con la población rural, hay varias causas que explican esa tendencia y que además terminan afectando a segmentos específicos de la mano de obra del campo.
Sin embargo, para el análisis particular de la demanda y oferta de trabajo se deben considerar algunas condiciones que matizan y también complejizan lo dicho. Por un lado, con respecto a la composición de la población de trabajadores permanentes –esto es, incluyendo productores, sus familiares que trabajan y los no familiares o empleados permanentes de los establecimientos–, vemos que estos últimos son quienes menos disminuyen entre 2002 y 2018: 27% contra algo más de 40% en los otros grupos de trabajadores. El resultado es una estructura ocupacional en lo que respecta al trabajo permanente con creciente presencia relativa de asalariados (43%) y una disminución muy importante de los familiares.
Por otra parte, siguiendo con la comparación intercensal, se observan otros dos cambios de importancia que merecen ser señalados. Mientras que en 2002 prácticamente dos tercios de los empleados permanentes eran contratados por ‘personas físicas y sociedades de hecho no registradas’, en 2018 esa participación se reduce a un tercio, alcanzando aquel valor los establecimientos relevados como de ‘otros tipos jurídicos’.
Esta creciente dinámica empresarial tiene su correlato en el tipo de ocupación de los trabajadores. De manera preliminar, en función de los escasos datos disponibles, se puede constatar que la participación de los ‘peones generales’ disminuye 10 puntos porcentuales entre ambas fechas, mientras que el número de ‘profesionales y técnicos de la producción’ se duplica, llegando en la actualidad a aproximadamente 8000 individuos de esa calificación que trabajan en forma permanente en las explotaciones.
Asimismo, se ha incrementado la provisión de mano de obra a través de los ‘contratistas de maquinarias’, de dilatada tradición en la agricultura de cosecha de cereales y oleaginosas y más recientemente en la ganadería, a través de empresas especializadas y de otras que combinan esa actividad con la producción agraria en tierra propia o arrendada. Son proveedores de trabajo estacional para la realización de una variedad de labores y conformados mayoritariamente por operadores de maquinarias, así como portadores de innovaciones en tecnologías tanto de insumos como de procesos. Particularmente en los últimos años, con la creciente difusión de la llamada ‘agricultura de precisión’, se ha ampliado la gama de tareas que tercerizan los establecimientos, se ha intensificado el uso de tecnologías digitales y ha aumentado la diversidad de agentes, incluyendo un número creciente de profesionales y técnicos. Por esta razón, resulta más pertinente identificarlos como ‘prestadores de servicios’ para dar cuenta de la variedad de actores y de tareas que despliegan. El censo agropecuario de 2018 relevó un total de 31.312 prestadores de servicios (tres cuartas partes de los cuales se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que constituyen actualmente un segmento importante de la mano de obra ocupada en la actividad.
Como contracara de estos procesos se encuentra el crecimiento del trabajo temporario en distintas regiones y producciones del país, con rasgos evidentes de precariedad y períodos de desocupación estacional. Esta situación es el resultado de situaciones históricas propias de ciertos mercados de trabajo asociados generalmente a cosechas manuales, junto con nuevas estrategias de organización del trabajo que despliegan las empresas, flexibilizando las formas de contratación, priorizando el uso de trabajadores de ese tipo para una diversidad de tareas además de las cosechas y con formas de remuneración basadas en productividad o por jornal.
Un estudio del autor sobre la demanda de trabajo en más de veinte producciones del país mostró que tan importante como la caída en el número total de empleos lo era el incremento en el uso de trabajadores temporarios en paralelo a la mejora en los niveles tecnológicos de los establecimientos, lo cual se verificaba además para la mayoría de los rubros analizados.
En este contexto de aumento relativo del empleo temporario, crece la ‘intermediación laboral’, fundamentalmente a partir del ingreso de empresas especializadas, incluso algunas provenientes del medio urbano. Pueden estar a cargo de la búsqueda y selección de trabajadores, del transporte en el caso de migrantes, de la organización y supervisión de las tareas y de la administración de personal, lo cual genera a menudo disputas legales respecto del tipo de relación laboral que se genera con esta figura.
Una problemática específica e histórica del trabajo es su relativamente bajo nivel de registración, impactando sobre los niveles de protección y seguridad social actual y futura de esta población. Según los datos disponibles del INDEC, la proporción de empleados registrados en el agro (definidos a partir de la realización de descuentos jubilatorios) crece levemente entre 2001 y 2010, pasando del 47,8% al 51,6% del total de ocupados, pero se ubica al menos 15 puntos porcentuales por debajo de los valores correspondientes a las demás ramas de actividad. De nuevo en este caso la heterogeneidad se manifiesta de manera muy marcada entre provincias ya que en algunas esa condición se ubica cercana a los dos tercios (como, por ejemplo, en Buenos Aires y Río Negro) y en otras solo alcanza a un tercio de los asalariados agrícolas (como Misiones, Santiago del Estero y San Juan). En general, la cobertura entre asalariados permanentes es mayor que entre temporarios.
Un último fenómeno para destacar es el constante incremento de la residencia urbana por parte de trabajadores que la mayor parte de su tiempo van a continuar ocupados de manera temporaria o estacional en la agricultura. Efectivamente, para 2001, el 40% de los asalariados agrícolas residía en ciudades de diferente tamaño y en 2010 ya alcanzaba al 54%. Este desplazamiento se orienta a la búsqueda de un empleo complementario y/o eventualmente de mayor calidad que el ofrecido en el sector, pero también de mejores condiciones de vida, como educación y salud. Adicionalmente, las posibilidades de acceso a políticas públicas (transferencia de ingresos, vivienda, otros subsidios) también actúan en la misma dirección.
Lecturas sugeridas
DE ARCE A y SALOMÓN A (comps.), 2020, Una mirada histórica al bienestar rural argentino: debates y propuestas de análisis, Teseo-CEAR-Conicet, Buenos Aires.
GRAS V y HERNÁNDEZ V, 2009, La Argentina rural: de la agricultura familiar a los agronegocios, Buenos Aires, Biblos.
NEIMAN G (dir.), 2010, Estudio sobre la demanda de mano de obra en el agro argentino, CICCUS, Buenos Aires.
VELÁZQUEZ G, 2016, Geografía y calidad de vida en Argentina: análisis regional y departamental, IGEHCS-CIG, Tandil.
MSc en Sociología y Sociología Rural, Universidad de Wisconsin-Madison.
Profesor adjunto interino, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Investigador principal del Conicet.
