Toda forma de reproducción de energía eléctrica tiene consecuencias ambientales. Las plantas térmicas, las hidroeléctricas y las nucleoelectricas no pueden calificarse a priori de limpias o de contaminantes en términos absolutos: todas son las dos cosas, según con que se las compare. Deben, pues, ser analizadas y comparadas entre sí para establecer cómo afectan la intrincada trama de ventajas e inconvenientes que define la relación del hombre con el medio. En materia ambiental, no hay soluciones perfectas o ideales: sólo se pueden definir opciones inteligentes entre alternativas posibles. Las notas que siguen examinan un aspecto de las centrales nucleares, que se refiere al destino final de sus combustibles. El lector podrá advertir que, como casi siempre, detrás de los dogmas y tabus –tanto positivos como negativos- hay una realidad compleja, incluso formidable, pero que la razón y la técnica son capaces de abordar.
Desde hace algún tiempo, varios lectores vienen pidiendo que CIENCIA Hoy se ocupe de analizar el proyectado repositorio de residuos nucleares cercano a Gastre, en la provincia del Chubut, que en la jerga popular y periodística normalmente se denomina –no impropiamente- basurero nuclear. La cuestión, como se sabe, es intensamente polémica y ha captado la imaginación y los temores de mucha gente, sobre todo en dicha provincia y en la Patagonia en general, donde los ánimos están especialmente caldeados.
Si bien el asunto perdió actualidad hace unos cinco años, cuando el gobierno y las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) resolvieron abandonar el plan de construir activamente centrales nucleares (hecho que ponen de relieve las notas que siguen), no por eso desapareció de la discusión pública ni dejó de constituir objeto de polémicas y de acción política. Por lo último, los editores entienden que es oportuno dedicarle espacio en la revista e invitar a una reflexión desapasionada e informada, a la que esperan contribuir con el material que sale en este número.
Como toda cuestión compleja y controvertida, la del repositorio nuclear requiere diversos niveles de análisis. Por un lado, constituye un importante problema técnico, que debe ser abordado aplicando los mejores recursos actuales de la ciencia y la tecnología. Y de hecho, tanto en el país -por iniciativa de la CNEA- como en el extranjero, se han realizado estudios y experiencias serios sobre el asunto, los cuales permiten concluir que, en términos puramente técnicos, existen soluciones satisfactorias. Para el caso particular de Gastre, puede decirse que, posiblemente, esta sea la faz del proyecto sobre la que habría menos dudas, porque es la que más se trabajó.
Por otro lado, el proyectado basurero constituye también un problema económico y financiero no menor, pues requeriría una inversión inicial de varios cientos de millones de pesos (las estimaciones mencionan cifras que rondan los 400 a 600 millones), si bien luego tendría costos operativos relativamente modestos. Este aspecto parece haber quedado en un segundo plano en los estudios emprendidos hasta el momento, en los que -se tiene la impresión- dominó la preocupación tecnológica y estuvieron ausentes (o, por lo menos, no salieron de una posición más bien irrelevante) los conceptos de costo de oportunidad de los recursos y de rentabilidad social de la inversión, así como el examen de alternativas en términos de conveniencia económica. Esta constituye una deficiencia seria del proyecto tal como está formulado.
Además, existe la dimensión política, que forma parte de una mayor, a saber, el futuro de la actividad nuclear en el país, incluida la generación de energía de ese origen. Dimensión política significa que, debido a la magnitud del asunto, medida en términos económicos y de repercusión social, y a su significado simbólico para la gente, las decisiones de hacer o no hacer tienen que ser tomadas de un modo que asegure una aceptable participación colectiva. En última instancia, pues, el programa nuclear y el repositorio son asuntos políticos, y todos los pasos que se dieron hasta el momento, tanto los pasados de promover y realizar, como los presentes de suspender o abandonar, constituyeron decisiones políticas. El modo por el que se arribó a esas decisiones, antes y ahora, con escaso debate público ilustrado, con predominio de grupos de interés y con escasa voluntad de buscar apoyo público por quienes, acertada o equivocadamente, terminaron imponiendo sus criterios desde los sitiales del poder, es un buen ejemplo del mecanismo político defectuoso, que -con alguna honrosa excepción- no operó en forma muy distinta en tiempos de dictadura militar o de gobiernos electos, incluso en el actual sistema democrático.
Que el del basurero sea, ante todo, un asunto político, lleva a reflexionar acerca de qué cometido le cabe al especialista y cuál al hombre común (o a sus representantes) en decidir esta clase de cuestiones, en particular, si se siguen instalando centrales nucleares, si se construye un repositorio y dónde, etc. Examinando lo acontecido a lo largo de los últimos cuarenta años, se tiene la impresión de que público y técnicos nunca lograron interactuar en los términos propios de una sociedad moderna con un régimen político maduro. Por un lado, ciertos grupos de interés, incluyendo a menudo sucesivos dirigentes, científicos y tecnólogos de la CNEA, se comportaron como si los argumentos técnicos fuesen los únicos razonables de tener en cuenta y como si sólo los especialistas debiesen opinar y decidir.
Correspondientemente, la función del ciudadano es tomar decisiones informadas y responsables, aun en cuestiones complejas, basadas en fundamentos científicos y tecnológicos más allá de su comprensión. Para poder hacerlo, debe procurar entender, no dichos fundamentos, sino el encuadre del problema, que es, precisamente, lo que se espera que los técnicos le proporcionen. Pero así como es necesario que el especialista mantenga sus opiniones políticas fuera de sus dictámenes, se requiere que el ciudadano no sustituya la opinión técnica seria por la fantasía o el prejuicio, como muchas veces parece haber sucedido en las reacciones populares al repositorio de Gastre. Tal vez no sea fácil lograr que la gente proceda de esa manera, pero no hay otro camino, y existe evidencia empírica de que se puede lograr, la que puede conocerse si se consulta el articulo de Doble citado al final. En el mundo actual, hay ciertas cuestiones frente a las que el público reacciona de manera notablemente apasionada y exhibe lo que para los especialistas en la materia es una tendencia incomprensible a rechazar el análisis racional. La energía nuclear es una de ellas, tal vez porque no haya logrado aún exorcizar los fantasmas de Chernobyl o de otros accidentes. La actividad petrolera, con el recuerdo del Exon Valdés, se encuentra en posición semejante, si bien resulta difícilmente prescindible por falta de alternativas (como son, para la nucleoelectricidad, otras formas de generación). En última instancia, sin embargo, lo que está en juego son los valores de la gente, los que conducen a aceptar ciertos riesgos (como los derivados del uso del automóvíl) y a rechazar otros, aunque sean bastante menores. En una sociedad democrática, es lícito tratar de convencer al público de que estaría mejor si cambiara sus preferencias y conductas. No es lícito descalificarlas por irracionales ni imponer ese cambio.
Por otro lado, grupos políticos (por ejemplo, los ecologistas) basaron su ataque en premisas éticas convertidas en valores absolutos -sin considerar el costo de tal entronización- y descalificaron consiguientemente todo argumento contrario. El análisis equilibrado y el contraste esclarecido de las opciones posibles fue un ejercicio que casi nunca se realizó.
No es difícil aceptar que la función del especialista, además de resolver las cuestiones técnicas aplicando todas las reglas del arte (según reza la antigua fórmula legal), es esclarecer de manera completa y franca a la opinión pública para que esta entienda lo que está en juego, y abstenerse de exponer sus preferencias como si fueran conclusiones científicas. Analizando lo actuado hasta ahora en materia del repositorio de Gastre, se tiene la impresión de que el ciudadano interesado no confía en que el proyecto satisfaga los requisitos tecnológicos más actualizados y que, además, cree que muchas veces le han presentado decisiones políticas como si fuesen determinaciones técnicas.
Las dudas sobre la calidad de la solución técnica deberían despejarse por una vía conocida y aceptada en el mundo de la ciencia: el arbitraje externo. Es posible que quienes no consideren confiables los estudios realizados por la CNEA, lo hagan no sólo por sospechar propósitos políticos en sus autores sino, también, por cierta percepción de la CNEA como una institución cerrada e intocable, participe de los mecanismos y privilegios del poder, controlada solamente por sí misma. Un control externo independiente, elegido con seriedad y honestidad, podría aventar esas dudas y, en todo caso, ayudaría a mejorar técnicamente el proyecto, si hubiese aspectos mejorables, como probablemente los haya.
La segunda preocupación del ciudadano interesado -que los especialistas no le presenten preferencias políticas como si fuesen conclusiones cientifícas- no se disipará hasta que los técnicos no reconozcan los límites de sus funciones y hagan un genuino esfuerzo por ceñirse a ellas. La historia anterior y el resto del programa nuclear argentino -igual que muchas otras actividades- están teñidos de tecnocracia, es decir, de (a actitud de los que entienden de atribuirse -seguramente con las mejores intenciones, pero al mismo tiempo obteniendo para sí determinados beneficios- la facultad de decidir en nombre de la sociedad. Hoy muchos sectores de esta han reaccionado, reclaman participar en las decisiones y requieren que los técnicos les expliquen el marco específico en que estas deben tomarse.
Por último, también las dimensiones éticas de la cuestión merecerían un análisis cuidadoso, pues son más complejas de lo que a primera vista parece. Posiblemente nadie cuestione el sencillo principio, expresado más adelante, de que cada generación debe satisfacer sus necesidades energéticas sin afectar a las generaciones siguientes. Justamente, en virtud de esa obligación ética se llegó a la conclusión de que deberían crearse los repositorios geológicos subterráneos que se analizarán en las páginas siguientes, pues si bien cabria la alternativa de almacenar permanentemente los residuos nucleares en instalaciones vigiladas en la superficie -para las que existe una tecnología probada que las hace perfectamente seguras-, enterrarlos a gran profundidad y sellar definitivamente el repositorio libera por completo a las generaciones venideras de ocuparse de ellos.
Sin embargo -y aquí aparece una de las complejidades del problema-, también se ha argumentado que, por similares razones, correspondería dejar a las generaciones venideras todas las opciones abiertas y no un repositorio cerrado, que constituye un hecho irreversible, pues los criterios y preferencias de esas generaciones podrían ser distintos de los de las actuales, para no mencionar el hecho de que el progreso técnico podría poner a su disposición soluciones mejores. Sobre la base de tal tipo de argumentos, en algunos países (Holanda, entre otros) se tiende a descartar por razones éticas el almacenamiento geológico definitivo, con la salvedad de que, en tal caso, junto con los residuos habría que dejarle a la posteridad los medios técnicos y financieros para manejarlos.
En las páginas que siguen se podrá encontrar, primero, una corta reflexión escrita por Emma Pérez Ferreira, que conoció el funcionamiento de la CNEA prácticamente a lo largo de toda su historia, empezando como estudiante, luego como investigadora, después en cargos gerenciales y por último como presidenta de la institución, y por ello adquirió una experiencia que muy pocos tienen en los múltiples aspectos del plan nuclear. En segundo lugar se da a conocer el análisis de un técnico, Norberto Ciallella, también originalmente vinculado con la CNEA y ahora, después de la división de esta en tres partes con funciones distintas, integrante de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Se publica como artículo, pues se trata de un trabajo que, por su índole, puede ser sometido a los controles normales del material que sale en CIENCIA HOY, es decir, revisado por árbitros reconocidos entre sus pares, con el fin de que determinen si su tratamiento y contenido son científicamente correctos. La tercera y última nota, en cambio, se publica con la carátula de “opinión”. Es un ejemplo del modo de argumentar de las corrientes ecologistas, de las que Raúl Montenegro es un distinguido representante. No se presenta como artículo porque no podía ser sometida a arbitraje ni calificada en términos científicos: queda en manos del lector juzgar el peso de sus razones.
