Inicio Volumen 28 Número 165 Ciencia y tecnología en la Argentina de hoy

Ciencia y tecnología en la Argentina de hoy

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La crisis presente

No es novedad afirmar que en los últimos años la investigación científica ha venido enfrentado dificultades en la Argentina. Distintos ámbitos científicos han hecho públicos los problemas presupuestarios que cada uno debía y debe enfrentar, y han elevado voces cuestionando diversos aspectos de la política científica. Entre muchos investigadores cundió el desaliento y se ha vuelto a hablar de emigración. El concepto de fuga de cerebros está nuevamente en las discusiones y en los medios.
Siendo parte de la comunidad científica, Ciencia Hoy comparte la preocupación sobre el futuro de una actividad crucial para promover el desarrollo y la mejora de la calidad de la vida de la población. Como contribución a establecer un diagnóstico realista de las actuales circunstancias y en ánimo propiciatorio de un debate informado, esta nota editorial detalla algunos elementos básicos de partida, necesarios al momento de delinear una política de prioridades y de definir las inversiones en el sector. Y también esboza algunas consideraciones relacionadas con el largo plazo.
La ley 25.467, sancionada en agosto de 2001, definió el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y esbozó sus objetivos y principios. En la actualidad, en los organismos que integran dicho sistema, mayoritariamente parte del sector público, se desempeñan unos 109.000 agentes (93% en entidades estatales, algunas descentralizadas y otras dependientes de la administración central, y 7% en instituciones privadas sin fines de lucro). Si fijamos la atención solo en los agentes del sector público, de ese total el 57% realiza sus tareas en universidades públicas, el 28% en ámbitos del Conicet y 9% en organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y otros. De cada 10 agentes del sector que trabajan en ámbitos privados, 4,5 lo hacen en empresas, 4,5 en universidades privadas y 1 en otro tipo de entidades sin fines de lucro.
En la actualidad, el 77% de los mencionados 109.000 agentes –unos 84.000– son investigadores, y de ellos, unos 29.000 alcanzaron el doctorado, mientras que otros 9000 realizan estudios doctorales como becarios y van en camino a titularse; el resto se compone de investigadores con títulos universitarios diferentes del doctorado (la mayoría), técnicos, administradores, etcétera. Como en todos los países, el grupo de los investigadores con doctorado es la porción más relevante del sistema y el eje de toda política científica.
Si partimos del hecho de que la vida productiva de estos científicos se extiende en promedio por unos 40 años, mantener su número constante requiere la incorporación anual de alrededor de 750 nuevos doctores, cifra que debería incrementarse 5% para compensar la cantidad de decesos promedio por unidad de población en la etapa de 25 a 65 años, y otro 1% anual para igualar la tasa de crecimiento de la población nacional. Si aspiramos a ver crecer el sistema en una cifra razonable –digamos el 20% en la próxima década–, habría que agregar otro 2% anual. Es decir, el país debería asegurarse de incorporar en estos momentos una cifra algo superior a 800 nuevos doctores por año, un valor a ser incrementado hasta nueva decisión a una tasa anual acumulativa del 8%.
En la actualidad, sin embargo, el sistema está muy lejos de ese objetivo. El Conicet, que es su puerta de acceso privilegiada, incorpora unos 450 doctores por año y no ha anunciado planes para aumentar esa cifra en el futuro cercano, si bien la posibilidad de hacerlo está al alcance de la mano, por así decirlo, como lo advertimos al constatar que en 2016 las universidades nacionales otorgaron más de 2300 doctorados. Estamos, en consecuencia, ante un preocupante panorama de achicamiento del sistema científico-tecnológico.
Giremos la atención hacia el dinero asignado a la investigación. A partir de las décadas de 1950 y 1960 se fueron formalizando los organismos de investigación científica y tecnológica en su forma actual, tanto aquellos en que los investigadores actúan principalmente en un marco de libertad académica y se ubican en la gran mayoría de los casos en ámbitos universitarios (y de modo dominante en universidades públicas) como los creados para propósitos específicos en la órbita de la administración estatal, en los que, sin embargo, puede haber también investigación académica. De todos, se destaca por mucho el Conicet, debido a su envergadura.
La visión que animó la creación de las instituciones de investigación orientadas a propósitos específicos sugiere un consenso en torno a la idea de que su existencia y actuación es fundamental para estimular el desarrollo social y productivo; concretamente, para la actividad agropecuaria, pesquera y forestal, para la industria y la energía, para predecir el clima, cuidar y mejorar la salud y la educación, asegurar la calidad de vida y preservar el ambiente. Es también crucial para adaptar y generar las nuevas tecnologías de información y comunicación, y para mejorar el diseño y la aplicación de políticas públicas.
Si se considera valioso alcanzar estos objetivos, lo mismo que los buscados por la investigación académica –sobre los que hemos abundado en otros editoriales de Ciencia Hoy–, es necesario que las entidades de investigación reciban los recursos necesarios para que puedan desempeñarse. Suele calibrarse esa asignación de recursos comparándola con el tamaño de la economía del país, es decir, con el producto bruto interno, y nos hemos acostumbrado a oír que deberíamos apuntar a llevarla a una fracción más alta que la máxima alcanzada en los últimos años.
Sin embargo, dicha inversión, que incluye lo gastado en ciencia y tecnología por empresas con fines de lucro, ha decrecido de forma drástica en los últimos años, además de haberse visto sometida a lo largo de las décadas a fuertes oscilaciones. Para comprobarlo puede analizarse lo sucedido en el sector público, que provee alrededor de tres cuartas partes de la mencionada inversión. Reflejando la inestabilidad macroeconómica del país y el estado de sus finanzas públicas, tal inversión pública creció de manera irregular hasta alcanzar un pico máximo de 0,63% del PBI en 2012. Desde entonces, experimentó una ligera contracción hasta 2015 (0,62% en 2013, 0,59% en 2014, 0,61% en 2015), y a partir de ese momento decreció abruptamente: cayó al 0,53% en 2016 y al 0,50% (estimado) en 2017. En el momento en el que se publican estas páginas el retroceso al parecer continúa.
Lo anterior se refleja en una reducción del porcentaje del presupuesto nacional asignado a Ciencia y Técnica, que pasó de 0,35% en el trienio 2013-2015 a 0,33% en 2016, 0,32% en 2017 y 0,26% en 2018. De acuerdo con estimaciones basadas en el presupuesto nacional aprobado para el año en curso, se estima que la inversión en este rubro será de 0,23% en 2019.
La reducción del gasto estatal asignado al sector se ha visto agravada por dos factores adicionales. Por una parte, la contracción de la economía en estos últimos dos años. La caída del producto que comenzó en 2018 supone una disminución absoluta, más allá de la relativa, de los recursos destinados a la actividad científica. A esta drástica caída hay que agregar el efecto de la devaluación de la moneda nacional, que encarece toda erogación en bienes o servicios adquiridos en el extranjero y, en consecuencia, obstaculiza el crecimiento e incluso el normal ejercicio de la investigación en determinadas disciplinas en cuya estructura de costos pesan las importaciones tanto para insumos corrientes como de capital.
Lo expuesto lleva a suponer que 2019 será el peor año de la década. Los integrantes del sistema lo han manifestado de distintas maneras (hasta en programas de entretenimiento). Ciencia Hoy se une a ellos para urgir a las autoridades nacionales a prestar cuidadosa atención a este cuadro preocupante, empezando por hacer saber que son conscientes de la situación que hemos descripto, y que consideren posibles medidas para enfrentarla.
Entre los reclamos que han tomado estado público se destacan las siguientes: desembolso inmediato de los fondos de investigación ya comprometidos pero aún adeudados, ajustados teniendo en cuenta la inflación y el deterioro del tipo de cambio; incremento de la cantidad de ingresos a las carreras científicas, en particular las del Conicet, y mejora sustantiva de las remuneraciones de los agentes del sistema científico. Se trata de demandas legítimas y justificadas. Establecer de inmediato un sistema de apoyos financieros de emergencia para atender estas demandas contribuirá a normalizar el funcionamiento de la actividad y a reparar el daño que la comunidad científica ha experimentado en estos últimos años.

La mirada al futuro

Es conocido el aforismo de que toda crisis es también una oportunidad. Para no desperdiciarla, un buen inicio sería reflexionar sobre algunos puntos que ayudarían a elegir el camino a transitar en el futuro. El espacio disponible en estas páginas solo nos da para enunciar algunos de los más generales.
La reflexión inicial de un esfuerzo refundacional como el que en alguna medida parece requerirse a estas alturas de nuestra historia científico-tecnológica se refiere al contrato social de la ciencia: ¿por cuánta y por qué clase de ciencia y tecnología opta la sociedad y está dispuesta a financiar? Como corolario, ¿cómo distribuir las responsabilidades de hacerlo entre sector público y privado?
Las preguntas anteriores, junto con los antecedentes de las abundantes respuestas dadas a ellas hasta hoy, de manera explícita o implícita, aquí y en otros países, nos marcan un segundo nivel de reflexión: ¿cuál es la mejor forma institucional para ejecutar ese contrato social? ¿Hacia dónde orientar la dominante tradición houssayiana de promoción científica que imperó en el país hasta el presente? ¿Cómo amortiguar las consuetudinarias oscilaciones políticas y económicas de cuyo alejamiento de nuestro medio no se perciben señales?
En la buena tradición científica, para la que todo descubrimiento abre una nueva serie de preguntas, terminamos este editorial con signos de interrogación. Pero esa tradición también indica que plantear bien las preguntas significa haber recorrido buena parte de la ruta a la respuesta.

Los datos citados en este texto provienen de fuentes oficiales, en especial, SGCTIP, Indicadores de ciencia y tecnología, 2017, www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadores/argentina-2017. Los referentes al presupuesto provienen de la Oficina del Presupuesto y fueron actualizados por el índice de precios implícitos por Jorge Aliaga.