Terminada la guerra fría, ¿nos encotramos ante “El fin de la historia” o ante “El choque de las civilizaciones”?
Según lo teorio política, los condiciones del mundo después del fin de lo guerra fría llevarían a una multiplicación de los conflictos armados y a una mayor violencia, que los estados encontrarían difícil de controlar. Pero el relevamiento empírico indico lo contrario. ¿Cómo se explico lo contradicción? Sucede que disminuyó el número de guerras entre estados, pero aumentaron los choques violentos dentro de los estados.
Los periódicos de noviembre de 1996 anunciaron la llegada a la Argentina de una gran empresa multinacional dedicada a operar en el mercado bursátil. La información consignaba, también, que su poderío económico era tres veces el PBI del país. La noticia no debe sorprender, pues es conocido que las principales firmas internacionales son, por lo menos económicamente, más poderosas que la mayoría de los estados nacionales. Por otra parte, la estructuración actual de los espacios económicos facilita la circulación de capitales y lleva a que los estados pierdan mucho de su antiguo poder fiscalizador. En mercados mundiales crecientemente unificados, parecería que las posibilidades de control político de los flujos económicos se vuelven cada vez menos efectivas.
Podría pensarse que el rasgo definitorio del estado no es su poder, ni su influencia en el plano económico, sino su capacidad de exigir legítimamente obediencia -y de asegurarla, incluso, por medios coercitivos- en un marco jurídico establecido. En la segunda década de este siglo, uno de los autores clásicos de la sociología, el alemán Max Weber, definió al estado como aquella institución que, en un ámbito territorial determinado, reclama con éxito el monopolio legítimo de la fuerza. De tal modo, el estado quedó caracterizado como la instancia legal que asegura la defensa de sus miembros, a cambio de su obediencia; su rasgo constitutivo era, pues, la soberanía. Pero hoy la débil capacidad del estado para controlar la circulación de la riqueza parece reducir la soberanía a una esfera estrictamente política.
En materia económica, además, dicha característica central del estado resulta actualmente puesta en cuestión cuando se juzga que algunos estados son incapaces de garantizar la seguridad jurídica requerida por los grandes negocios; en tales casos, las empresas buscan establecer contractualmente la competencia de tribunales extraterritoriales para resolver las disputas.
Obligan de este modo al estado a renunciar a su exclusiva competencia para aplicar la ley en su espacio soberano. Fuera del ámbito económico, no son menos importantes los desafíos que sufren ciertos estados a su monopolio en el uso de la fuerza; tales desafíos, según los analistas, constituyen en la actualidad una causa mayor de conflictos armados, particularmente de aquellos que estallaron a partir del fin de la guerra fría.
Estudios recientes sobre la guerra en el mundo han subrayado la declinación del número de conflictos armados de tipo tradicional, es decir, de aquellos entre estados nacionales caracterizados por tener un territorio definido y unas fuerzas armadas encargadas de defenderlo. La mayoría de los enfrentamientos que se iniciaron entre 1989 y 1990 han tenido lugar dentro de los estados. Un análisis empírico cuyos resultados fueron publicados en el Journal of Peace Research de Oslo muestra que, en los seis años siguientes al fin de la guerra fría, estallaron o siguieron su curso casi un centenar de conflictos armados en 64 puntos del planeta. Según Peter Wallensteen y Margareta Sollenberg, autores de la investigación, desde 1989 el número de grandes conflictos no creció sino que disminuyó; pero el de conflictos bélicos de tipo intermedio con menos de 1000 bajas anuales- fue en aumento. El fenómeno está vinculado con la crisis del aparato estatal, porque son luchas que tienen la característica de desafiar la autoridad legal central y su monopolio territorial del uso de la fuerza. Los mismos autores encontraron que, en 1995, sólo un tercio de aquellos 64 conflictos armados seguía activo, lo que arrojaba una de las cifras más bajas de conflictos bélicos del periodo posterior al fin de la guerra fría, y señalaría una tendencia, aún inestable, a la baja, por comparación con el pico de medio centenar de conflictos observados en 1992, veinte de los cuales eran definidos como guerras (luchas cuyas batallas producen más de 1000 muertes por año). Parecería, pues, que la turbulenta reordenación del mapa mundial, iniciada en 1989, estuviera calmándose.
La nota distintiva del estudio citado es que, en su mayoría, los conflictos ocurridos en el período considerado fueron de carácter interno. Sí se define un conflicto internacional de la forma convencional, esto es, como una guerra entre dos estados nacionales reconocidos cuyas fuerzas armadas luchan por un objetivo político o territorial definido, en cualquier año entre 1989 y 1995 nunca hubo más de uno, y en todo el lapso, tuvieron lugar sólo cinco. En 1995, el choque entre Perú y Ecuador fue el único, y tanto en 1993 como en 1994 no se registraron casos. Pero aún es demasiado pronto -advierten los autores- para anunciar la erradicación de las guerras convencionales entre estados. Sí bien disminuyeron en número y son más breves que otros conflictos armados, debido a los recursos puestos en juego estas guerras resultan por lo común mucho más sangrientas.
Los datos anteriores plantean una serie de interrogantes. Primero, sí la disminución de los conflictos convencionales entre estados se debe a una mayor eficacia de la acción diplomática. Segundo, sí distinguir las guerras entre estados de las que tienen lugar dentro de ellos todavía conserva vigencia, pregunta basada en el reconocimiento de que la influencia externa se hace muchas veces presente en conflictos aparentemente de tipo interno o regional. Hay investigaciones que hacen comenzar la declinación de los conflictos entre estados en la década de 1950, es decir, desde mucho antes de 1989. Entre 1945 y 1989 -durante la vigencia de la pax atomica- se produjeron 138 guerras, que causaron 23 millones de muertos. Esta cifra estremecedora es, con todo, menor que la correspondiente al lapso de igual número de años inmediatamente anterior, que incluye las dos guerras mundiales. Durante la guerra fría, la violencia de los estados contra sus propios ciudadanos produjo más víctimas que aquellas 138 guerras. Podría afirmarse que, desde 1945, los conflictos internos de los estados cobraron mayor dimensión que los entre estados -en la medida en que siga manteniéndose la tradicional distinción teórica entre ambos-.
A partir de la caída de los así llamados regímenes socialistas, iniciada en 1989, se alentó la esperanza de que, con el fin de la amenaza atómica, terminaran también las guerras. Esa esperanza fue fugaz: de inmediato se hizo claro que la disolución de una serie de estados causada por el proceso político estaba conduciendo a conflictos armados cuyo objetivo era definir nuevas fronteras y establecer nuevos espacios nacionales. Puede afirmarse que, en los últimos años, se pasó de vivir con la amenaza constante de una guerra de aniquilación, a disfrutar de una efímera paz y, luego, a situaciones de lucha manifiesta, ahora en lento declinar. Por su parte, el en su momento denominado tercer mundo sigue siendo el escenario principal de la violencia: Asía y África son actualmente las zonas más conflictivas del planeta.
Sólo los EE. UU. sobrevivieron como gran potencia internacional al fin de la guerra fría, ya que la Unión Soviética, la otra superpotencia, se desmembro. Rusia, escribió Eric Hobsbawm en su Historia del siglo XX, 1914-1991 (Crítica, Barcelona, 1995, p.552), nunca, desde Pedro el Grande, había sido tan insignificante. La guerra no quedó eliminada de la escena mundial, como inicialmente se esperaba, sino que vio transformadas sus características en el sentido de una combinación de luchas interiores con intervención internacional más o menos encubierta. Por otra parte, los grupos en conflicto lograron acceso a medios de destrucción técnicamente cada vez más avanzados y poderosos, incluyendo armas nucleares. La novedad más significativa posterior a 1989 es, quizá, que los estados nacionales dejaron de ser los principales sujetos políticos de las contiendas.
Lo anterior ha dado lugar a una serie de especulaciones en torno a las consecuencias presentes y futuras de dicha pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del estado. Por lo general, las imágenes acerca de un porvenir en el cual el recurso a la fuerza se encuentre, por así decirlo, desregulado, están teñidas de pesimismo. Algunos teóricos de ideología liberal, sin embargo, constituyen una excepción en dicho panorama, pues albergan esperanzas de que los regímenes democráticos se extiendan en el mundo, y suponen que cuantos más países adopten sistemas democráticos, menores serán las posibilidades de conflicto entre ellos. La democracia capitalista -argumentan analistas como Francis Fukuyama- se concentra en el desarrollo económico, de manera que con su extensión los conflictos internacionales no excederían el ámbito de las disputas comerciales. De cualquier modo, esta corriente de opinión admite que subsistirán dos focos principales de problemas. Uno es el resultante de que existan países con gran capacidad militar, como China, que parecen insensibles a reclamos de democratización. El otro es consecuencia de que el propio desarrollo capitalista imprima a las distintas sociedades una dinámica socialmente polarizadora, que aumente la brecha entre ricos y pobres -tanto la que separa a países como a sus habitantes, incluso los de los más desarrollados-, lo que eleva el riesgo de estallidos de violencia motivados por reclamos sociales.
De la compleja variedad de visiones de futuro pueden seleccionarse dos que resultan representativas del pensamiento actual. La primera se debe al politólogo norteamericano Samuel Huntington, quien sostuvo que la cortina de hierro, que hasta 1989 señaló la frontera entre dos sistemas políticos antagónicos, está siendo substituida por un telón de terciopelo, que separa civilizaciones en conflicto. El choque de civilizaciones que anuncia Huntington será profundo, puesto que las diferencias culturales, en su opinión, marcan distancias insalvables entre los individuos, los que ya no buscarán su identificación primaría en la nacionalidad, sino en su religión, lengua y costumbres particulares.
Otra es la visión del ensayista alemán Hans M. Enzensberger, quien lanzó la idea de una guerra civil molecular, que recorre el planeta y se manifiesta en ámbitos urbanos más o menos marginales y en los conflictos armados de los países periféricos. Según Enzensberger, cualquier vagón de subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura. Los conflictos armados despliegan una violencia cada vez mayor y, en general, no están orientados por objetivos políticos discernibles, cosa particularmente cierta si se consideran las explosiones callejeras de bandas juveniles, pero que también puede aplicarse a grupos sociales inmersos en conflictos políticamente difusos, que por ello terminan siendo puramente militares.
Aunque estas visiones sean muy diferentes, tienen una coincidencia básica, que no sólo resulta de su común carácter sombrío: ambas aceptan que el estado ya no desempeña un papel relevante en la dirección o regulación de los enfrentamientos. Para Huntington, los estados se verán superados, por arriba, por entidades más amplias: las civilizaciones; para Enzensberger, son desbordados por las pérdidas de control producidas por debajo, cuando facciones juveniles urbanas o grupos aglutinados por identificaciones primarias, como religión, raza, etc., desafían su tradicional monopolio de la violencia. Pero las visiones negativas de Huntington y Enzensberger no parecen tener en cuenta el por lo menos moderado optimismo que se desprende de las observaciones empíricas antes referidas. ¿A qué se debe atribuir tal discordancia entre datos y teorías?
La teoría política moderna puede ser definida como un programa jurídico de pacificación de las relaciones sociales. Autores como Hobbes, Locke, Kant y otros intentaron encontrar un instrumento no arbitrario y con autoridad aceptada que, en el marco de la sociedad burguesa, pudiera regular los enfrentamientos entre individuos y grupos. Tales autores admitieron, sin embargo, su impotencia para solucionar el problema de la guerra internacional. Sí se confieren plenos poderes a cada estado, aunque estén claramente determinados por la ley, no hay posibilidad de regular los conflictos entre ellos, pues ningún miembro de la comunidad internacional resignará voluntariamente su soberanía, y ninguna otra entidad será capaz de actuar de manera coercitiva con los que violen el derecho de gentes. Así, el estado moderno fundó sus pretensiones de poder sobre su doble capacidad de asegurar el respeto por el orden legal en lo interno y de enfrentar las amenazas de sus pares en la arena mundial con la fuerza militar. Ello convirtió al estado en la mayor fuente de violencia de la historia reciente.
Esta situación fue cambiando en las últimas décadas, debido, por lo menos, a dos razones, cuyos efectos se hicieron particularmente evidentes en los últimos años. Primero, la guerra fría había subordinado a muchos estados a una tutela político-militar externa, de modo que su fin ocasionó una crisis política mundial, de dimensiones impensadas, que liberó fuerzas antes contenidas por los alineamientos estratégicos. Segundo, los estados contemporáneos encontraron crecientes dificultades para adaptarse a la escala progresivamente creciente de operaciones de los conglomerados económicos civiles que actúan en el mercado. La situación se vuelve todavía más compleja debido a que la cantidad de estados tiende a multiplicarse. Según Philippe Delmas, se produjo una verdadera inflación del número de estos: entre 1971 y 1984 se crearon veintiuno y, en la década siguiente, otros veinticuatro, la mayoría en condiciones económicas criticas. La razón que explica la aparición de tantos nuevos estados es que con ellos se busca el reconocimiento por la comunidad internacional de los derechos de las minorías. Pero los estados resultantes poseen una legitimidad muy precaria y ello puede ocasionar innumerables conflictos futuros.
La principal conclusión que se puede extraer de este dinámico y complejo panorama es que el debilitamiento del estado pone a la política en segundo plano, tanto por las exigencias de una economía que opera en escala mundial (que se ha dado en llamar economía globalizada), como por las disputas derivadas de factores ancestrales (éticas, religiosas, regionales). Una fuerza que es propia de la sociedad actual y está orientada al futuro, y una miríada de tensiones que provienen del pasado, constituyen los dos brazos de una pinza que aprisiona al estado y amenaza con borrar el cometido que le correspondió históricamente. por lo menos en Occidente. De lo anterior se derivan múltiples consecuencias -muchas todavía imprevisibles-. pero aquí nos centraremos sólo en aquellas que se refieren a la regulación de la violencia, porque podrían explicar la discordancia consignada entre registros empíricos y teoría política.
Tradicionalmente, el estado no sólo monopolizaba el uso de la violencia sino que, también, regulaba su aplicación, aun en caso de disputa con otros estados. La regulación realizada con propósitos humanitarios forma parte del derecho internacional, que específica procedimientos lícitos y prohibidos en los conflictos bélicos. La mera existencia de un marco jurídico no es condición suficiente para que sea respetado; en ausencia de una autoridad internacional con poder represivo, la aplicación de las convenciones internacionales acerca de la guerra no queda garantizada. Por otra parte. la violencia ejercida por el estado se fundó normalmente en necesidades políticas. y no en la psicología, perversión o bondad de sus dirigentes. La política fue, por ello, la gran promotora de la guerra, pero también su marco regulatorio básico. Una política que buscara sacar partido de la guerra debía adecuar sus métodos no sólo a la eficacia bélica, sino también al reconocimiento y legitimación de sus conquistas por propios y extraños, con el objeto de consolidarías políticamente. Esta explicación también debe dar cuenta de aberraciones, como la de la Alemania nazi, particularmente a partir de 1942, cuando se lanzó a una guerra imposible en dos frentes, planificó y llevó a la práctica el Holocausto y cometió un sinnúmero de crímenes de guerra.
El ejemplo nazi, aunque extremo, no es único, Sin embargo, tales casos no dejan de constituir excepciones a las políticas históricas convencionales de ejercicio del poder de los estados modernos. Pero ahora es necesario replantearse por completo ese esquema tradicional, pues el debilitamiento del aparato estatal deja a determinados conflictos huérfanos de todo mecanismo de contención. Prácticas perversas, como el genocidio y la liberación de odios ancestrales, que trascienden las nacionalidades, caracterizan a muchos de los conflictos contemporáneos. Las visiones pesimistas de los teóricos de la política parecen estar influidas por la difusión de tales hechos, que han pesado más en su pensamiento que la incontrovertible constatación empírica del descenso del número de conflictos y víctimas registrado en los últimos años. La cuestión reside en la modalidad que adquieren las guerras actuales, más que en su frecuencia o sus efectos destructivos.
El repliegue del estado de su función como principal actor en la escena mundial deja un vacío político que tiene importantes repercusiones éticas inmediatas. Según el controvertido jurista alemán Carl Schmitt, el fundamento del derecho internacional aceptado por los estados modernos en materia de guerras era el concepto de enemigo justo. La tradición jurídica occidental reconoció la humanidad del adversario, aun en situaciones en que se lo considerara hostil y se lo combatiera. Este principio inició su ocaso, según Schmitt, con el estallido de lo que denominó la guerra civil mundial del siglo XX, y dejó paso a lo que, en palabras de Norbert Bilbeny, podemos denominar apatía moral. El apático moral carece del sentido del otro y, por lo tanto, no se hace responsable de sus actos contra los demás. Apático moral es el burócrata que ordena el exterminio de grupos humanos como sí se tratara de un acto administrativo ordinario, el joven que lesiona a un vecino sin motivo aparente, el combatiente que dispara contra poblaciones indefensas. Bílbeny también llama a esa actitud idiotez moral, por la manifiesta incapacidad de quienes la asumen de reconocer al otro como ser humano y semejante. Los idiotas morales no actúan sólo en conflictos armados: se los encuentra en cualquier lugar y su conducta puede responder a cualquier motivo. Es el tipo de subjetividad predominante en la era que podríamos llamar post-estatal -o también post-política-. En el marco de este análisis sería posible, igualmente, generalizar el concepto de desregulación a ámbitos ajenos al económico, como el ético, el jurídico, el militar, el político, etc.; pero sus efectos en materia de luchas armadas son particularmente preocupantes.
Sí bien es prematuro hablar de desaparición del estado, hay claros indicios de que la definición de este y sus funciones tradicionales se encuentran en crisis. La acción histórica del estado no siempre tuvo características humanitarias: se olvida a menudo que, además de ser el principal responsable de las guerras entre naciones, cuando debió enfrentar amenazas internas, frecuentemente reprimió a sus ciudadanos sin mayores consideraciones. Pero la ausencia de un marco estatal aceptable parece traer aparejados riesgos todavía mayores, conclusión a la que se llega en momentos en que no se vislumbran en la escena mundial alternativas de ordenamiento político distintas del estado tradicional o de la lógica del beneficio privado. En estos momentos no se trata tanto de lamentar la crisis de las antiguas funciones del estado como de buscar refundarlo, sobre la base de valores que trasciendan los derivados de puras consideraciones de poder, de manera que la política actúe no sólo como generadora de conflictos sino, también, como mecanismo que los dirija y sujete a controles morales. La existencia de una institución central de la vida civil occidental de los últimos siglos parece haber sido puesta en cuestión, sin que otra haya aparecido para substituirla. Excepto que se crea que, en este ámbito, el mercado sea, en si mismo, un camino confiable para establecer un orden político fundado en valores morales positivos.
