Las disparidades en el ámbito profesional conducen a menudo a revisar los fundamentos conceptuales y los resultados de la llamada ‘acción afirmativa’, definida como un intento de intervención excepcional sobre el mercado de trabajo con el objetivo de asegurar la representación de sectores sociales considerados desfavorecidos. El término, acuñado en la década de 1960 en los Estados Unidos, estaba fundado originalmente en un principio igualitario: invitaba a asegurar un trato justo en el empleo y condiciones justas de contratación ‘sin atender a criterios raciales, de color, religiosos, sexuales o nacionales’. Más allá de este criterio igualitario, sin embargo, la ‘acción afirmativa’ pronto derivó en acciones tales como el establecimiento de ‘cupos’ o ‘cuotas de diversidad’, los que pueden ser entendidos como herramientas de ‘discriminación positiva’.
Ahora bien, ¿cuál es el fundamento conceptual de la llamada ‘acción afirmativa’? Imagínese el lector dos equipos con igual cantidad de miembros compitiendo en una carrera, en la cual uno de los equipos inicia la carrera con una ventaja significativa. Probablemente, este último arribaría con holgada diferencia a la meta. Si esto se repitiese por muchas generaciones de corredores, alguien podría marcar la injusticia, y sugerir que todos los corredores partieran de la misma línea a la salida. Sin embargo, la experiencia a nivel logístico quizá significaría que, aun comenzando en la misma línea, el circuito por sus características tendería a favorecer al mismo equipo a lo largo del trayecto. Así percibido el problema, ¿qué instrumentos podrían sugerirse para compensar esta desigualdad de origen? ¿Se podría tal vez igualar el acceso a los sistemas de soporte, de modo tal que una injusticia temporaria corregiría a otra generada y normalizada a lo largo del tiempo?
Esta divergencia de criterios nos convoca en el presente editorial. ¿Las injusticias deben resolverse mediante un refuerzo del principio de igualdad natural entre los seres humanos o más bien deben atenderse mediante la aplicación de un criterio de excepcionalidad que asegure una representación proporcional o equilibrada de diversas identidades colectivas? Intentemos pensar el problema desde una perspectiva histórica. A lo largo de su existencia, la especie humana ha tendido a la organización gregaria, a forzar identificaciones colectivas, a establecer jerarquías esenciales. Etnia, religión, descendencia, fenotipo y sexo han sido siempre criterios de jerarquización estáticos. Desde hace al menos unos doscientos años, sin embargo, nuestra civilización parece ensayar por primera vez el principio jurídico de igualdad natural y absoluta entre congéneres. A pesar de las enormes resistencias y los permanentes desafíos que recibe, este principio se ha convertido en una ley fundamental en buena parte del planeta –el contraste se hace cada vez más evidente con aquellas otras sociedades donde aquellos valores son secundarios o inexistentes–. La autonomía individual, antes entendida como privilegio excepcional naturalmente ligados a condiciones inmutables, hoy forma parte del vocabulario común, y de una enraizada idiosincrasia.
Las simpatías y afinidades electivas entre este principio de igualdad como derecho natural y el enriquecimiento material, moral y científico de nuestras sociedades parecen a esta altura transparentes. La autonomía, cuando se traduce en acceso a mejores condiciones sanitarias, nutricionales y educativas, tiende hacia una igualación de condiciones que posibilita y facilita el desarrollo profesional de sectores antes postergados. Las circunstancias étnicas, religiosas, fenotípicas o sexuales, aunque aún fuentes de condicionamiento social y profesional, no son consideradas determinantes ni sancionadas por el derecho vigente. Sin embargo, no es difícil reconocer las desigualdades de origen que aún obstaculizan la formación y el ejercicio del oficio científico. Frente a este escenario, ¿cómo asegurar aquellas condiciones de igualdad necesarias para alcanzar una justa meritocracia?
Intentemos pensar la ciencia en lo que a cuestiones de género refiere. En la Argentina se vienen ensayando algunas intervenciones de ‘acción afirmativa’ en el ámbito científico. Desde 1994, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT) ha desarrollado una continua actividad integrando la Red Latinoamericana de Género, Ciencia y Tecnología (INCITA). Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el año 2020 se ha iniciado el Programa de Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando garantizar la igualdad real y efectiva de la participación de mujeres y población LGTBI+ en el sistema científico-tecnológico, así como su acceso a posiciones jerárquicas y de toma de decisión. Asimismo, los documentos preliminares del diseño y desarrollo del próximo Plan ‘Argentina Innovadora 2030’ expresan la paridad de género como uno de sus principios rectores. En este mismo sentido, el Conicet presentó en mayo de este mismo año la Red Federal de Género y Diversidades, la cual tiene por objetivo potenciar la mirada de género en las producciones científicas y tecnológicas de todas las disciplinas y en sus prácticas profesionales.
Ahora bien, ¿cuál es concretamente el escenario de género en la ciencia, la tecnología y la educación superior en nuestro país? ¿A qué responden estas acciones afirmativas? Al observar el acceso a la educación universitaria, se percibe una relativa paridad, incluso con una mayoría de mujeres, y se observan diferencias según disciplina. Por ejemplo, en las matrículas de ingreso a las carreras asociadas a la biología/bioquímica, se observa una proporción mayor de mujeres sobre hombres, mientras que aquellas vinculadas a la computación y las matemáticas muestran una relación inversa. La elección de una carrera puede ser influenciada por diferencias vocacionales y culturales, demandas socioeconómicas, aspiraciones personales inspiradas en el ejemplo y, también, estereotipos sociales. En ese sentido, organizaciones como Chicas en Tecnología (CET) busca desde 2015 reducir la brecha de género en tecnología en nuestro país. Su programa de Clubes CET fue declarado de interés educativo por el MINCYT en 2019, y en este número contamos con un artículo escrito por la vicepresidenta de CET, Consuelo López.
En el ámbito de la investigación a nivel académico –y de acuerdo con las estadísticas del MINCYT– desde 2015 la mayoría de quienes investigan en la Argentina son mujeres, sobre todo en las ciencias médicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades, mientras que lo contrario sucede en ingenierías y tecnologías y en ciencias agrícolas y naturales y exactas. Los datos revelan también que las investigadoras acceden en menor medida a las categorías más altas de la carrera, sugiriendo una segregación vertical. Sin embargo, hoy en día, y gracias a los cambios que se establecieron en los últimos años, de las últimas siete personas que ocuparon la secretaría académica de FCEN-UBA, seis han sido mujeres.
A nivel práctico, sabemos que los índices de acceso a la educación y desarrollo profesional durante el último siglo muestran una creciente y sostenida heterogeneidad, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Los obstáculos por razones de género, etnia o de otras índoles disminuyen progresivamente su importancia relativa en aquellas sociedades donde con más énfasis se sostiene el principio de igualdad natural. Esto indica que el camino ‘igualitario’ sería en sí mismo una acción capaz de desarticular estructuras sostenidas en jerarquías esenciales. En este punto es importante señalar que este rumbo –el principio de la igualdad natural– es producto de inmensos esfuerzos generacionales. Hemos visto, en cambio, que históricamente la ‘acción afirmativa’ –a pesar del espíritu igualitario de origen– ha sugerido oponer a las injusticias estructurales que operan sobre el sistema intervenciones excepcionales de aplicación inmediata, una intervención que acelere el progreso hacia la igualdad, aunque esto implicara, irónicamente, romper el principio de igualdad. Haciendo un paralelo con la física, para equilibrar el efecto de una fuerza se aplica otra (o la suma de otras que resulte) de igual magnitud y sentido opuesto. Sin embargo, podría también argumentarse que una perspectiva ‘igualitaria’ debería sostener más bien que una alteración del principio de igualdad solo obstaculizaría ese desarrollo y alimentaría las dinámicas gregarias que justamente atentan contra aquella igualdad.
Veamos entonces cómo se traducen estas reflexiones al terreno de la evaluación científica, es decir, a los mecanismos de acceso y desarrollo profesional oficiales. Si aceptamos la premisa según la cual la evaluación debe basarse exclusivamente en el criterio de idoneidad, es preciso preguntarse entonces si la ‘acción afirmativa’ –tal como se la ha aplicado históricamente– podrá eventualmente lograr que las variables fundamentales del trabajo científico (el esfuerzo, la perseverancia y el talento) prevalezcan. La principal crítica contra la ‘discriminación positiva’ derivada de la ‘acción afirmativa’ se origina en la siguiente pregunta: ¿una injusticia se corrige con otra injusticia? El objetivo es fortalecer el curso de la justicia, atender a las injusticias cuando estas ocurrieran, pero ¿se podría evitar recurrir a un excepcionalismo que pudiera poner en peligro el principio jurídico de la igualdad natural y la autenticidad del mérito? Los interrogantes llegan aún más lejos: ¿habilitar la excepción podría habilitar ipso facto el camino hacia las dinámicas gregarias de las cuales parecemos estar escapando? ¿Correríamos el riesgo de fortalecer las identidades colectivas por sobre las individuales? ¿Estaríamos desmereciendo los valores y talentos individuales, reduciéndolos a condiciones esenciales de origen?
Este comité delibera continuamente sobre cuál es el criterio más justo para no perpetuar desigualdades ni injusticias y hacer de esta revista un espacio que premie el mérito, el talento, el esfuerzo y la creatividad de la mejor manera posible. Además, nos preguntamos cuál debe ser el mejor camino para fortalecer el desarrollo científico en condiciones justas, donde la igualdad de oportunidades, el talento y el mérito sean parte de un mismo conjunto virtuoso y no productos de una desigualdad de origen o de un excepcionalismo potencialmente perjudicial. Emily Dickinson escribió alguna vez: ‘Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie’. Al igual que al aprender a caminar, este camino que la ciencia (en espejo de la sociedad) debe transitar será lento y habrá seguramente tropiezos, retrocesos y caídas, pero el impulso ya está presente. El tiempo nos dará cuenta de los resultados.
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